El fallo conocido ayer martes tras el recurso que planteó en su día el movimiento ciudadano antideslinde deja en evidencia la gestión urbanística realizada por el Ayuntamiento de Marbella a partir de la
moción de censura de agosto de 2017.
Pero no solo en el plano político, en el que junto a la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, queda también descalificada la concejala de Urbanismo,
Francisca Caracuel.
El asunto alcanza al nivel técnico, en el que está el director general del ramo,
José María Morente, cuyo sueldo actual es de 82.000 euros.
Ya no es una cuestión de opiniones, sino que una sentencia judicial señala que su criterio fue equivocado en su afán por avalar al equipo de gobierno.
Se da la circustancia de que estas tres personas, cuya
labor queda cuestionada por la sentencia del TSJA, son las que están a día de hoy al frente de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
El tribunal ha anulado los acuerdos que se tomaron cuando, con los
votos de PP y OSP, entonces el equipo de gobierno, se aprobó modificar la linde entre Marbella y Benahavís en los terrenos donde está la mansión de la regidora.
Fue en el pleno del 27 de julio de 2018, en el que se abordó la
adaptación del PGOU de 1986 a la vigente legislación andaluza (LOUA) y se aprovechó para modificar los límites entre ambos municipios.
Con el nuevo dibujo que se introdujo, Marbella perdía
200.000 metros cuadrados de terreno, pese a lo cual PP y OSP estuvieron a favor.
Aquel día se produjo una intervención por sorpresa en el pleno, la del
director general de Urbanismo, José María Morente, cargo de confianza contratado por el equipo de gobierno.
Se le presentó, en cambio, como un técnico independiente que, curiosamente, dio su aval a lo que proponía el PP.
"No se modifica ni se altera ninguna linde", dijo con rotundidad y defendió el trabajo "independiente y basado en parámetros profesionales" que se había hecho desde Urbanismo.
Incluso llegó a decir que
Vega del Colorado se encuentra en Benahavís porque los "terrenos ya han sido ejecutados y transformados" desde el municipio vecino.
La nueva sentencia del TSJA
descredita totalmente el discurso que ofreció entonces Morente, porque deja claro que hubo un cambio de lindes, que ordena corregir, y también que no se pueden ordenar terrenos de otro municipio.
El asunto es de especial gravedad ya que el director general cuyo criterio ha tumbado la Justicia está ahora mismo al frente de la
elaboración del nuevo PGOU de Marbella.
Por el momento, no se ha producido ninguna reacción política, y tanto el PP como OSP y el resto de la actual oposición guardan silencio.
El fallo hecho público ayer respalda las tesis del movimiento ciudadano y también las de los partidos entonces en la oposición (PSOE, IU y CSSP) que denunciaron lo que estaba ocurriendo.
También, dicho sea de paso, quedan acreditadas las informaciones publicadas por
Marbella24horas, desde donde siempre mantuvimos que se estaban cambiando las lindes en 2018.
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