La sentencia, con fecha del pasado 8 de abril, que ha dado a conocer este martes el Movimiento Ciudadano 'Ni un metro de Marbella para otra población', es contundente, aunque todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El TSJA establece la nulidad de la
adaptación del PGOU de 1986 a actual legislación urbanística de Andalucía (LOUA) en lo que se refiere a la fijación de cualquier linde entre Marbella y Benahavís que no sea la oficial, la de 1873.
También anula cualquier actuación que se haya realizado sin respectar esa línea delimitadora entre ambos municipios.
Es decir, el tribunal pone freno al intento que hicieron en el pleno del
27 de julio de 2018 los dos partidos que formaban el
equipo de gobierno (PP y OSP) de dibujar un nuevo límite en la zona donde está la mansión de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Aquel día, los
tres partidos de la oposición (PSOE, IU y CSSP) abandonaron la sala en señala de protesta con
fuertes críticas.
Posteriormente, la plataforma antideslide interpuso un
recurso contencioso-administrativo, que es el que ahora ha motivado esta nueva sentencia contra las actuaciones urbanísticas que se hicieron tras la moción de censura.
La abogada de este movimiento ciudadano,
Cristina Falkenberg, ha explicado esta mañana que este fallo del TSJA tiene "especial importancia" porque hace un repaso de lo acontecido con las lindes desde la aprobación del PGOU de 1986.
El tribunal recuerda su propia sentencia de 9 de febrero de 2015 en la que ya advirtió que
no era viable la modificación de los límites intermunicipales por medio del instrumento de planeamiento, en aquella ocasión con el PGOU de 2010.
También señala que
carece de validez cualquier actuación que se haya podido hacer desde Benahavís en suelo que no le pertenece y reitera que la linde oficial es la fijada en 1873.
El TSJA deja en evidencia el acuerdo que adoptaron en julio de 2018 el PP y OSP, entonces en coalición para gobernar, y que suponía un cambio de lindes, como ya publicamos en su día.
Gráfico que refleja el cambio que aprobaron PP y OSP en 2018.
Pese a la evidencia, la formación sampedreñista, antes defensora de los límites del término municipal, apoyó aquel acuerdo, que hacía
perder a Marbella unos 200.000 metros cuadrados de terreno.
La oposición, tras
duros reproches, optó por abandonar el salón de plenos. José Bernal (PSOE) acusó a OSP de "traicionar a todo el pueblo de Marbella y San Pedro". CSSP habló de "latrocinio" e IU de "cometer un grave error".
Ahora los
tribunales les dan la razón en su posicionamiento político y la sentencia es un
nuevo varapalo para la gestión urbanística que se realizó tras la moción de censura de agosto de 2017.
Hay que recordar que el TSJA ha anulado ya, en dos sentencias, el
texto refundido del PGPU de 1986 que aprobaron PP y OSP en septiembre de 2017.
El fallo del TSJA con fecha de 8 de abril de 2021.