Da la sensación de que la regidora necesita recuperar trincheras en las que parapetarse después de unas semanas complicadas con las operaciones policiales en las que se han visto envueltos su marido y su hijastro.
Ahora decide reabrir la
confrontación con el Gobierno de España con motivo de
las multas de las causas judiciales por corrupción para reclamar
3,1 millones de euros.
Con ese fin, el PP ha presentado a última hora
una moción al pleno de este viernes, que llegará sin dictaminar, es decir, sin pasar por las comisiones previas que se celebran una semana antes.
En ella, los populares piden que la Corporación municipal inste al Gobierno a
formalizar un convenio para financiar proyectos de interés público con el dinero de las multas.
Ya en el pleno del pasado
mes de octubre se aprobó una propuesta similar, aunque finalmente la posibilidad de realizar ese convenio no se recogió en los
Presupuestos Generales del Estado para 2021.
El PSOE reclamó que se justificara, antes de alcanzar un nuevo acuerdo, en qué se había gastado
el dinero recibido en 2019 por este mismo concepto, que fueron entonces 2,7 millones de euros.
El asunto llegó incluso el
9 de diciembre de 2020 a la Comisión de Hacienda del
Congreso de los Diputados, donde el PP presentó una Proposición no de Ley (PNL) con este fin.
Los socialistas plantearon una enmienda en la que se mostraban a favor del acuerdo, pero siempre que antes se "comprobara el cumplimiento" del anterior.
El PP se negó a aceptar la enmienda, por lo que finalmente la propuesta se rechazó con 17 votos en contra y solo 15 a favor.
Ahora, el asunto vuelve de nuevo la
Pleno del Ayuntamiento y el equipo de gobierno insiste en que aquellos 2,7 millones de euros ya están justificados.
Con los Presupuestos Generales del Estado ya aprobados hace tiempo, la moción del PP se antoja un nuevo brindis al sol para encontrar una trinchera para Ángeles Muñoz.
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