Auténtico mazazo para Marbella el que se ha conocido este viernes, durante la celebración del pleno ordinario de abril, y del que ha informado el concejal de Hacienda, Félix Romero.
El Ayuntamiento se encontró el pasado mes de febrero, según ha explicado, con una avalancha de
sentencias judiciales en materia de urbanismo por "incumplimientos en la época del GIL".
Todo proviene, ha dicho Romero, de una decisión del
Tribunal Supremo, que amplió a 15 años la prescripción de estos delitos y ha originado una serie de reclamaciones contra Marbella.
"Los estafados reclaman ahora al Consistorio y nos obligan a pagar lo que no hicimos", ha dicho, y ha añadido que buscarán "más bienes de
Juan Antonio Roca y de
Julián Muñoz para recuperar estas cantidades".
No ha dicho exactamente cuantas sentencias son, pero sí el importe total que deberá pagar el municipio, que es de
30 millones de euros.
En este pleno se ha aprobado una modificación presupuestaria en la que se incluían
3.863.344,35 euros para hacer frente el pago de uno de estos fallos judiciales.
Pese a ello, Romero ha dicho que el abono de estas cantidades "se hará en 2022" y que "no tendrá incidencia" ya que van a recurrir al
Fondo de Ordenación del Estado, que permite dotar de liquidez a las entidades locales.
Aun así, ha explicado que el dinero "tiene que recogerse en el remanente de tesorería", que ha dicho que para este año es de 21 millones de euros.
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