El Equipo de Gobierno de Marbella ha respondido esta mañana con contundencia al desafío que le ha planteado a todo el municipio la anulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se hizo en 2010.
Se ha escenificado una histórica rueda de prensa conjunta, ofrecida en directo por la televisión municipal, en la que los tres grupos políticos de gobierno han querido garantizar la "estabilidad" y enviar un mensaje de calma mientras se aclaran todos los efectos que va a tener la sentencia del Tribunal Supremo.
La postura quizá más difícil en este momento es la del concejal y coordinador de Izquierda Unida, Miguel Díaz, partido que se opuso en su día a este documento urbanístico. "Está claro que este no es el modelo urbanístico que queríamos, otra cosa es que ahora desde el gobierno debemos garantizar la normalidad", ha dicho al ser preguntado.
Hay que recordar que ninguno de los cinco concejales, más el alcalde, que han posado para esta imagen de unidad formaban parte de la Corporación que aprobó el documento en 2009.
En vigor el plan de 1986
José Bernal ha lanzado un mensaje claro. El urbanismo no se paraliza en el municipio, ya que sigue vigente el plan de 1986, que será el que se tome en cuenta desde ahora. Además, ha dicho que todas las licencias otorgadas hasta este momento "son firmes y se ajustan a derecho".
Respecto a la anulación de la legalización de viviendas mediante compensaciones urbanísticas, ha señalado que se va a pedir una aclaración a la sentencia del Tribunal Supremo y que cuando se tenga se tomarán las decisiones políticas oportunas de forma coordinada con la Junta de Andalucía.
El alcalde se ha dirigido también a los llamados compradores de buena fe a los que asegura que se va a "dar protección" ya que serán "el eje principal" de las actuaciones del Equipo de Gobierno.
Para esas personas afectadas -hay que recordar que vuelve a haber 18.000 viviendas ilegales en el municipio- se va a abrir la próxima semana una oficina de información, que atenderá sus dudas así como las de cualquier inversor que quiera aclararlas.
Bernal ha explicado que el Ayuntamiento aún no tiene notificación de las sentencias, aunque los servicios jurídicos, tanto municipales como de la Junta, las están estudiando para tomar las acciones oportunas.
Además, ha anunciado la creación de un equipo de expertos en materia urbanística para que asesore al Equipo de Gobierno.
La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, ha insistido en que hay que seguir adelante con el PGOU de 1986, que no recoge la legalización de viviendas, y que van a trabajar en la "subsanación" de la revisión de 2010 que ha anulado el Supremo.
"Veremos si es posible recoger lo máximo de lo que ya estaba hecho o tenemos que llegar al extremo de hacer un nuevo documento", ha señalado, aclarando que estas decisiones se tomarán una vez se estudien las sentencias y llegue la aclaración solicitada al Alto Tribunal.
Unidad
Al margen de la parte técnica, el alcalde ha señalado a nivel político que estamos ante un "tema de interés general" para el municipio por lo que ya ha matenido contactos con los miembros de la oposición y este viernes habrá una reunión de la Junta de Portavoces.
"Debemos remar entre todos para dar estabilidad y generar tranquilidad en la ciudadanía", ha dicho. "Nadie entendería que ahora todas las fuerzas políticas no estuviésemos juntas en este momento", ha añadido.
Bernal no ha querido hablar de responsabilidad ni de buscar culpables a esta situación. "De nosotros no va a salir ninguna reprimenda ni nada que pueda perjudicar al municipio, vamos a buscar soluciones y a dar garantías a los inversores, no a mirar atrás", añadió.
El alcalde ha aclarado que Costa del Sol Sí Puede quería estar en esta rueda de prensa, aunque finalmente no le ha sido posible, y que también se ha invitado al PP, que ha preferido mantener la convocatoria "unilateral" que tenía prevista para las doce de la mañana.
Repercusión económica
Sobre otro tema también muy importante como es la repercusión que esta decisión judicial puede tener en las arcas municipales, se ha preguntado al concejal de Hacienda, Manuel Osorio, quien ha considerado "prematuro" hacer una estimación en este sentido.
De todas formas, sí ha aclarado que "no afecta" a la elaboración de los presupuestos ya que "se sigue el criterio de caja".
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