La revisión del PGOU de 1986, en marcha desde los años finales del gilismo, la concluyó la Junta de Andalucía al asumir las competencias urbanísticas tras la disolución del Ayuntamiento como consecuencia de la corrupción y de la operación Malaya.
Tras las elecciones de mayo de 2007, que ganó el PP y situaron a Ángeles Muñoz como alcaldesa, el control urbanístico retornó al municipio y se entregó al nuevo Equipo de Gobierno el documento que se había elaborado, que fue aprobado de forma inicial en julio de 2007 por unanimidad.
Una vez asentados en el poder, los populares realizaron modificaciones al texto, que fueron entonces muy criticadas por la oposición, especialmente antes de su primera aprobación provisional en octubre de 2008.
En aquel momento, la entonces portavoz socialista, Susana Radío, mostró su "rechazo más absoluto a los cambios que lamentablemente ha introducido el PP ya que favorecen los intereses de los promotores y perjudican los intereses de los ciudadanos".
Reclamó la suspensión de modificaciones que habían generado alarma vecinal. Entre ellas, citó dos que directamente afectaban a los intereses del Partido Popular.
Por un lado, el cambio que se realizó sobre el documento original para que el inmueble del conservatorio de música, propiedad de la familia del entonces concejal de Sanidad, Antonio Maíz, pasara a tener uso privado, en lugar de ser equipamiento público, después de 15 años de alquiler en los que el Ayuntamiento destinó 2,4 millones de euros a su restauración.
Por otro lado, la variación que se hizo para que el almacén de construcciones la Juanita, empresa en la que tenía participación el concejal popular Antonio Espada, cuyo suelo estaba calificado como equipamiento institucional pasara a ser no urbanizable.
Desde Izquierda Unida, su único concejal entonces, Enrique Monterroso, también señaló que "nos hallamos ante un nuevo PGOU que poco tiene que ver con los principios y objetivos del aprobado inicialmente en julio de 2007".
"La pretensión de la alcaldesa se orienta más hacia la legalización y la resolución de los problemas de los promotores que en dar respuesta a las necesidades de los vecinos", añadía el edil de la coalición de izquierdas en aquellos momentos.
Además de estos dos aspectos, hay un tercero, recordado recientemente por el movimiento ciudadano antideslinde, como es que el 28 de julio de 2009, un día antes de la segunda y definitiva aprobación provisional del nuevo PGOU, se cambiaron los límites históricos de 1873 con el municipio de Benahavís, lo que produjo una discrepancia que motivó la apertura de oficio del expediente por parte de la Junta.
Como es conocido, en estos terrenos se encuentra la mansión de Ángeles Muñoz, construida en suelo rústico según el plan de 1986. El pasado 9 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba esa modificación de las lindes en el PGOU.
Tres asuntos turbios, con el PP como protagonista, en la gestación del documento urbanístico que ahora el Tribunal Supremo ha decidido anular en su totalidad.
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