El citado documento era una orden de paralización y cierre de las obras del Funky Buddha Beach que "no había sido firmada conscientemente por el concejal de Urbanismo, absteniéndose de cumplir con su deber como cargo público", según se refleja en la denuncia ante la Fiscalía.
De esta forma, se habría "beneficiado objetivamente a los propietarios del establecimiento infractor, incurriendo con ello en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de cohecho y prevaricación".
Este documento urbanístico es el principal elemento que, junto a otro tipo de información, presentó ante la Fiscalía el pasado 11 de agosto el secretario de Política Municipal del PSOE, Jaime Olcina.
A partir de ahí, el Ministerio Fiscal consideró que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción penal y dio traslado al Juez Decano que, a su vez, lo derivó al Juzgado de Instrucción número 1 para que se investigara.
El 25 de agosto, el juez Miguel Ángel Torres Gómez, dicta un auto en el que ordena que se incoen diligencias previas y cita a declarar como imputado el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, algo que ocurrió el pasado 30 de octubre.
Por tanto, todo parte de ese documento entregado de forma anónima que es el principal sustento de la denuncia formulada por el PSOE.
Sobre quién podría haber enviado ese papel, fuentes del Grupo Municipal Socialista han asegurado a este digital que "es difícil saberlo, pero bien podría ser fruto de las guerras internas que se están produciendo en el PP de Marbella".
De momento, el edil Pablo Moro está imputado por estos dos delitos, prevaricación y cohecho, y también por un tercero contra la ordenación del territorio como consecuencia de una denuncia del Seprona de la Guardia Civil.
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