El juez imputa tres presuntos delitos al edil de Urbanismo de Marbella

A lo largo de siete folios, con fecha del pasado 24 de octubre, el magistrado refleja pormenorizadamente en un auto, al que ha tenido acceso este digital, toda una serie de hechos en relación a las obras ilegales del Funky Buddha Beach, con los que justifica la imputación del edil que había realizado el 25 de agosto. 

Gómez Torres hace hincapié en la "relevancia penal de los hechos denunciados", que considera "indiciariamente como constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio". Además, destaca su "verosimilitud". 

Por todo ello, consideró necesario llamar a declarar como imputado al concejal Pablo Moro para que pudiera dar "explicación cumplida" sobre los hechos, rechazando, por tanto, el recurso con el que la defensa del edil pretendía evitar su presencia en los juzgados. 

Entre los argumentos que ofreció para no ir a la sede judicial, se entregó copia de una serie de denuncias formuladas con anterioridad por el PSOE y por otras personas, que se archivaron sin imputación. 

Pese al intento, el juez mantuvo su criterio y Pablo Moro tuvo que acudir a declarar, como estaba previsto, el pasado 30 de octubre, para dar explicaciones a todas las "irregularidades" que Gómez Torres detalla en este auto. 

En el documento, hace un repaso contundente y meticuloso de los distintos decretos y borradores, tanto de paralización como de multas coercitivas, que el concejal no firmó en relación a las citadas obras. 

Algunos de ellos, señala el juez, los devolvía sin firmar y "sin aducir motivo alguno". No es hasta el 8 de septiembre, según el auto, pocos días después de conocer su imputación, cuando Moro firma "una primera multa coercitiva por importe de 21.990,30 euros". 

Por tanto, el magistrado continúa las investigaciones para esclarecer si ha habido un delito de prevaricación, al no firmar los citados documentos y proceder a la paralización de las obras, y si ha existido cohecho en el caso de que el edil hubiese recibido alguna recompensa por parte de los propietarios del local.

Además, también investiga un tercer ilícito contra la ordenación del territorio como consecuencia de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. 

Hay que recordar que todo el proceso arranca el pasado 11 de agosto, cuando el PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía, que aprecia la posibilidad de los delitos y da traslado al Juzgado de Instrucción número 1, que acuerda el inicio de diligencias previas y la imputación del concejal Pablo Moro.