El concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, ha informado esta mañana de que se va a revisar esta concesión, que viene de los tiempos de la época GIL y que el PP intentó rescatar, aunque no lo logró.
Incluso, aquella operación supuso que el empresario presentase una querella contra la entonces alcaldesa por la supuesta comisión de varios delitos. Ángeles Muñoz anunció en estos terrenos un gran auditorio y después quiso hacer un helipuerto.
El actual equipo de gobierno quiere recuperar la zona para uso público, con más de 40.000 metros cuadrados de gran valor ecológico, en pleno cordón dunar. "Es un espacio protegido", ha recordado el edil.
Desde el Ayuntamiento quieren poner orden en un asunto complejo, vestigio de la época GIL, y al que el PP no fue capaz de darle solución en sus ocho años de gobierno. Hasta estuvo a punto de hacer pasar por los tribunales a la entonces alcaldesa.
La adjudicación de estos terrenos a la empresa Kriptonita S.A., propiedad del empresario libanés Reda Alaywan, se realizó en el año 2001. Desde el Consistorio intentaron recuperarla en 2011 llegando a un acuerdo con el empresario José Miguel Villarroya.
Imputación de Ángeles Muñoz
Pero aquella operación terminó con la presentación de una querella por parte de Alaywan contra Ángeles Muñoz por presuntos delitos de prevaricación, estafa, usurpación y falsedad en documento público.
Entendía este empresario que había sido estafado al resolverse la concesión sin su conocimiento, ya que Villarroya, al que también denunció, no era el representante legal de la sociedad.
El juzgado de Instrucción número 4 de Marbella llamó entonces a declarar como imputada a Ángeles Muñoz, pero finalmente anuló la citación y la entonces alcaldesa evitó acudir ante el tribunal como estaba previsto para el 10 de septiembre de 2014.
Muñoz había anunciado en 2011 a bombo y platillo la construcción de un gran auditorio en esta zona, que obviamente nunca se llevó a cabo, y posteriormente quiso ubicar ahí un helipuerto.
Esta mañana, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a los trámites para anular aquel acuerdo de 2011. “El expediente para anularlo caducó hasta en dos ocasiones, después de distintos litigios, y ahora se van a realizar los trámites para rescatar la concesión con la eficacia y el rigor que se requiere”, ha señalado Díaz.
Una vez se anule este acuerdo de 2011, se podrá iniciar el procedimiento administrativo para la resolución de la concesión administrativa y recuperar así el espacio para el uso público “y el disfrute de la ciudadanía”.
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