El próximo día 10 de septiembre, a las 10:00 horas, Ángeles Muñoz debe comparecer en la sede judicial situada en la avenida Mayorazgo para responder ante la jueza Beatriz Fernández de la querella en la que el empresario le achaca los delitos mencionados.
Según la cédula de citación, remitida a este digital desde el Ayuntamiento el viernes 23 de mayo, la regidora deberá comparecer asistida por "un abogado que la defienda". Según se explica en el citado documento, que tiene fecha de 13 de mayo, será oída "en concepto de querellada".
La denuncia de Reda Alaywan, planteada inicialmente contra el empresario José Miguel Villarroya, afecta también a Mario Ruiz, directo de Patrimonio, y al jefe de los servicios jurídicos municipales, Enrique Sánchez.
Según ha publicadio Eldiario.es, el inversor se considera perjudicado por el Ayuntamiento al haberse resuelto una concesión administrativa de su propiedad sin su conocimiento.
Se trata de los terrenos de El Pinillo, donde el Equipo de Gobierno quiere ubicar un helipuerto y que, según la querella, pertenecen a Alaywan, con quien no se ha contado para ello, lo que ha motivado la denuncia.
El empresario solicita una fianza de 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, con petición de embargo en caso contrario.
Según la citada noticia, esta cantidad guarda relación con el valor de tasación de las tres parcelas objeto de la concesión administrativa, que sobrepasa los 18 millones de euros.
Reda Alaywan presentó una querella en 2011 por estafa contra el empresario José Miguel Villarroya y después realizó una ampliación para denunciar acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local sin su conocimiento.
En ellos, se pactó con Villarroya una indemnización de 574.000 euros por la extinción de la concesión administrativa que Kriptonita S.A., propiedad de Alaywan, tenía sobre tres parcelas administrativas de casi 43.000 metros cuadrados en total.
La querella describe a la alcaldesa, según "Eldiario.es", que ha tenido acceso al documento, como "coautora o cómplice" de un delito de estafa, atribuido como autor material a José Miguel Villarroya, que está condenado a un año de cárcel por el llamado "caso Pantoja".
Todo este asunto está relacionado con la promesa electoral de Ángeles Muñoz, en 2011, de que en las tres parcelas objeto de este litigio construiría un auditorio junto al mar, según se recuerda en la cita información. Ahora está previsto en parte de esos terrenos, en la zona de El Pinillo, un helipuerto.
El Ayuntamiento acordó indemnizar con más de 574.000 euros a Villarroya tras una sentencia contencioso administrativa. La Junta de Gobierno Local reconoció en mayo de 2011 esta cantidad a favor del empresario por la resolución de la concesión, aunque en julio de ese mismo año anuló la decisión ante las dudas sobre el verdadero titular de las parcelas.
Tras hacerse pública la noticia, a través de Twitter la alcaldesa ha llamado "desaprensivo" al querellante. El texto literal de su mensaje, publicado esta tarde, es este: "Todas mis actuaciones se rigen por el interés general y por el cumplimiento de la legalidad. Eso a veces genera querellas de desaprensivos".
Desde el Equipo de Gobierno, a través de un comunicado oficial, ha señalado que la querella tiene su origen en la reclamación de un particular al Ayuntamiento de 20 millones de euros por una adjudicación de una concesión en 2001 cuando gobernaba el GIL.
En concreto, según explican, hace referencia a una parcela de más de 50.000 metros cuadrados en primera línea de playa donde el Gobierno del GIL autorizaba los usos hotelero, residencial, comercial y de ocio contraviniendo tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente en aquel momento, de 1986 como el actual.
Este Equipo de Gobierno, continúa la nota, resolvió dicha concesión en el marco de los trabajos que viene desarrollando para preservar y recuperar el patrimonio municipal esquilmado por anteriores gobiernos municipales y, por supuesto, contando con todos los informes favorables del Interventor, Tesorero, Asesoría Jurídica y Patrimonio. Como consecuencia de la resolución de esa concesión ilegal, el querellante reclama la cantidad de 20 millones de euros al Consistorio.
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