Con poco asuntos dictaminados presentados por el equipo de gobierno, el debate se ha centrado en las mociones de los grupos municipales y en la parte final del pleno, donde estaban los asuntos más interesantes.
Con el voto a favor de PP, OSP y PSOE, y la abstención de IU y Podemos, se ha dado el visto bueno a que el Ayuntamiento firme con el Estado un convenio para que las multas de los casos de corrupción reviertan en Marbella.
Se trata de una cantidad de 2,7 millones de euros, a la que, rápidamente, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya le ha encontrado destino: la promoción turística del municipio a través de un acuerdo con CIT Marbella (1 millónes), y un plan para ampliar las zonas de aparcamiento (1,7 millones).
Curiosamente, aún no se conoce el texto de ese convenio, que se firmará con el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto con el Ministerio de Hacienda, al frente de cual está la exconsejera andaluza María Jesús Montero.
Este asunto ha permitido a Ángeles Muñoz volver a repetir su discurso propagandístico sobre la recuperación del dinero de la corrupción, que se atribuye únicamente a sí misma y que después promocionará en las redes sociales.
Ha llegado decir que son "más de 42 millones de euros" los que se han conseguido, tanto en dinero como en bienes inmuebles, aunque en este último caso, como le ha recordado la operación, siguen a la venta en la página web que creó la Audiencia de Málaga.
Desde el PSOE, José Bernal ha pedido que "lo que recuperemos de Malaya no se lo demos ahora a los malayos", en alusión a la compra del edificio de Urbanismo, propiedad de una sociedad en la que está el prófugo Juan Hoffmann, considerado testaferro de Juan Antonio Roca.
Victoria Morales (IU) ha criticado que no haya habido participación para decidir el destino de los 2,7 millones de euros y que no se conozca el contenido del convenio.
Victoria Mendiola (Podemos) ha dicho que "se acercan las elecciones y hay que vender humo, para que luego se quede en nada", añadiendo que "van a tirar la casa por la ventana, pero es de todos".
Otros asuntos
El Pleno también ha respaldado la aprobación definitiva de la ordenanza del taxi, en la que se regulan las licencias para vehículos de nueve plazas.
También han aceptado las alegaciones de Izquierda Unida y CSSP relativas a la ampliación de la distancia de recogida de viajeros de 100 a 300 metros, que todas las nuevas licencias sean adaptadas a discapacitados hasta que no se alcance el 10% de la flota y que los vehículos se den de baja cuando tengan ocho años de antigüedad en lugar de los diez que se establecían hasta ahora.
En las mociones de los grupos políticos, el PP ha aprovechado, como es habitual, para presentar tres contra la Junta de Andalucía.
En una de ellas, por unanimidad, se ha aprobado solicitar un comedor para el CEIP Antonio Machado. Las otras ha sido sobre la mejora de las condiciones laborales de los médicos de familia y pediatras de atención primara, y el incremento de planes de empleo en la provincia de Málaga.
A propuesta de Podemos, se ha dado el visto bueno a medidas de apoyo a las familias monomarentales y monoparentales y, a iniciativa de IU, se ha aprobado favoreer acuerdos contra las violencias machistas.
Los votos del PP han servido para rechazar la moción de Podemos que pedía la creación de una red de bibliotecas municipales dignas.
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