Al final ha imperado la cordura, respecto a que este asunto llegaba el pleno de esta mañana sin dictaminar, es decir, sin pasar por las comisiones previas y sin los informes de los habilitados nacionales.
Por ello, y a la vista de que en pocos días está previsto convocar otro pleno extraordinario, desde la oposición se ha pedido que el asunto quedara sobre la mesa y pase por las comisiones antes de esa nueva sesión.
Era lo más lógico, pero, tras las prisas el equipo de gobierno, ha sorprendido que ahora hayan aceptado, dando la sensación de que el asunto les quemaba tras la polémica surgida.
La alcaldesa se ha lavado las manos, como si no fuera con ella, y ha dejado que fuera el concejal de Patrimonio, Manuel Osorio, el que tomara la decisión y aceptara que este tema se debata en el siguiente pleno.
Modificación crédito
Se trata de un punto en el que abordará una modificación de crédito para destinar 2,8 millones de euros a la adquisición del resto del edificio en el que ahora se encuentran, en tres plantas de propiedad municipal, las oficinas de la Delegación de Urbanismo.
Es un inmueble propiedad de una sociedad de la que son socios el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el prófugo de la justicia por el caso Malaya, Juan Hoffmann.
La oposición ha reclamado tener acceso al informe de Patrimonio en el que se tasa el valor que pueden tener las cuatro plantas restantes y que podría ser más que estos 2,8 millones que se van a llevar a pleno.
El PSOE ha criticado duramente esta semana la decisión del equipo de gobierno de hacerse con el resto del edificio y de entregar dinero a un compañero de partido, como el regidor de Estepona, o un condenado en el caso Malaya.
La concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel, dijo que no se iba a comprar, sino a expropiar, y los socialistas aclararon posteriormente que se planteaba como convenio expropiatorio, aunque todavía no se ha iniciado el expediente y todo está en el aire.
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