Este colectivo ha protagonizado esta mañana una rueda de prensa en la plaza de Los Naranjos tras analizar el auto de la Audiencia Provincial de Málaga en el que ordenaba reabrir el llamado caso PGOU.
Insisten, como llevan haciendo desde el primer momento, en que se deben investigar los cambios a última hora en el Plan General, más allá de que el acta del pleno en el que se realizó la segunda aprobación provisional en julio de 2009 no reprodujera lo que pasó en la sesión.
"El movimiento ciudadano lo que denunció fue la falsificación del PGOU, ya que a la Junta se le remite una versión distinta a la oficial de 12 de junio de 2009. Se le envió otro distinto y ahí está el meollo", ha recordado la abogada Cristina Falkenberg, gran conocedora del caso.
Según ha explicado, entienden que el reciente auto de la Audiencia "confirma que la documentación que se remitió a la Junta no coincide con lo que aprobó el pleno".
Desde esta plataforma han estado comparando dos documentos, el que califican como "versión verdadera", la del 12 de junio, o la "falsa", que es la que se remite a la Junta para su aprobación definitiva.
Diferencias
"Hemos encontrado ya un montón de diferencias", ha dicho, algunas de las cuales han mostrado esta mañana durante la rueda de prensa.
Ha recordado que el PGOU consta de más de 4.200 páginas, por los que se trata de una labor ardua, que ellos han realizado en un pequeño porcentaje y piden que ahí se centre la investigación.
Además, están dispuestos a poner en manos de la Fiscalía y del juez instructor todas las comparativas que han realizado hasta ahora, para que puedan sumarse a la causa, ya que sostiene que son muy claras las diferencias y se avalaría la falsificación.
"Pedimos que se investigue la faslfiicación del PGOU porque estamos ante el mayor escándolo urbanístico de Marbella", explicó Falkenberg, y añadió que "Jesús Gil hizo muchas cosas, pero tanto como esto no".
"No sabemos cómo el fiscal puede llegar a la conclusión de que no se falsificó el PGOU si no ha cogido el domento página por página, como estamos haciendo nosotros y comparándolo, porque enseguida se ven las diferencias", sostiene la abogada.
Colaboración
Y ha ofrecido su ayuda. "Si los tribunales no tienen medios, estamos encantados de colaborar, porque se están quedando en la superficie de las cosas", ha dicho.
La abogada del colectivo ciudadano ha insistido en que se investigue. "Si no lo hacen, entenderemos que hay alguna razón y entonces tendremos que acudir a otras instancias, porque hace tres años que denunciamos esto".
"Entedemos que había dolo falsario, intención de ocultar estos cambios y de que colase, y ninguna de informar al pleno", ha añadido.
Declaración testifical
Además, Cristina Falkenberg ha recordado que existe un auto del juez Gonzalo Dívar, con fecha 26 de septiembre de 2016, en el que señala que va a practicar toda una serie de diligencias, entre las que está citar a declarar a la abogada.
"Nadie me ha llamado todavía", ha señalado, pese a que han pasado casi 20 meses. "Espero que lo haga, pero si no tendremos que personarnos allí", ha añadido.
Historia de caso PGOU
Fue el fiscal de área de Marbella, Julio Martínez Carazo, el que estuvo durante un año investigando, tras la denuncia del movimiento antideslinde, y concluyó con una denuncia contra Ángeles Muñoz y el vicesecretario, como adelantó este digital en primicia el 15 de septiembre de 2016.
La alcaldesa, cuyos abogados están personados en la causa para garantizar su defensa, sin embargo no ha podido ser citada a declarar por su condición de aforada al ser también senadora. Tendría que hacerlo en un futuro, si la causa se deriva al Tribunal Supremo.
El vicesecretario falleció el pasado mes de febrero, por lo que ahora mismo no hay investigados.
La causa se ha seguido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, donde se
archivó de forma provisional el pasado mes de agosto.
El Ministerio Fiscal presentó
recurso de apelación y pidió nuevas pruebas, además de apoyar el que
también planteó el Grupo Municipal Socialista.
La Audiencia Provincial de Málaga, con un auto de fecha de
15 de marzo de 2018, ordenó la repartura y que se continuara investigando.
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