Al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz le ha pillado el toro y las consecuencias van a ser importantes para el Ayuntamiento de Marbella.
Como ya informamos ayer, la falta de previsión a la hora de realizar una consignación presupuestaria para afrontar los pagos de estas sentencias judiciales conduce ahora a pedir un crédito y a tener que hacer un plan de ajuste de diez años.
El asunto es aún más escandaloso porque, según la documentación a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, estos fallos de los tribunales se conocían en su mayoría desde el año pasado y desde antes se sabía que se iban a perder.
Ahora hacen falta casi 44 millones de euros y no los hay porque no se han contemplado en los presupuestos municipales y a estas altura del año ni siquiera se podría con modificaciones de crédito.
Por tanto, ahora el equipo de gobierno está convocando un pleno a la carrera, que será extraordinario y urgente, para pedir esa cantidad al Fondo de Ordenación antes del 14 de septiembre.
Es la solución que se ha buscado, la de recurrir a este organismo del Estado que financia
liquidez a las entidades locales.
Según ha podido conocer este digital, hay que pagar
una docena de sentencias ya firmes, más otra que lo será en breve, que además están generando intereses a favor de los demandantes.
El principal que suponen los
13 fallos judiciales es de 27,5 millones de euros, más
16 millones en intereses hasta final de año, para el total de 43.647.479,05 euros.
El caso más sangrante, sin duda alguna, es
un pleito de 2013 que supone un pago de 4,7 millones de euros y que, a final de año, habrá generado casi 7 millones más en intereses. Habrá que pagar, por tanto,
11,6 millones de euros.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga a favor de varias mercantiles se hizo firme el
8 de octubre de 2020. Por tanto, no hay ningún factor sorpresa y desde entonces se podía haber previsto su pago.
La segunda sentencia que más coste supone es de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), de
un proceso de 2012 iniciado por la mercantil AGP Rentals y Proquinter.
Habrá que pagarle 6,7 millones de euros, más 2,3 en intereses estimados hasta final de año. Un total de
9 millones de euros. Es firme desde el 15 de diciembre de 2020.
La mayor parte de las sentencias fueron cayendo entre los meses de marzo y diciembre del año pasado.
Muy llamativa es una que se confirmó el
31 de octubre de 2017, hace casi cuatro años, y que aún no se ha pagado. Supone 1,5 millones más otro millón de euros en intereses a favor de Holanducía S.L.
Se da la circunstancia de que el
24 de junio de 2014, el equipo de gobierno celebraba que habían ganado en primera instancia, pero finalmente han terminado perdiendo.
Más allá de que se traten de reclamaciones que proceden de los
desmanes urbanísticos de la época GIL, el actual equipo de gobierno ha gestionado mal el pago de estas cantidades, que no ha previsto pese a su importancia.
Ahora, como
informamos ayer, para garantizar la devolución de los 44 millones y la sostenibilidad del Ayuntamiento habrá que afrontar un
plan de ajuste de 2022 a 2032.
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