Según la documentación a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, se trata de reclamaciones judiciales realizadas en su mayoría por la vía contencioso-administrativa que ahora obligan al Ayuntamiento a abonar esos 44 millones de golpe.
No son procesos judiciales nuevos y la mayor parte tienen sentencia firme desde hace tiempo, en algún caso hasta desde 2017, pese a lo cual el equipo de gobierno
no ha tenido previsión para hacer frente a los pagos y la bola se ha hecho muy grande e inevitable.
La deuda va acumulando intereses con el paso del tiempo y a final de año se estima que alcanzará los
43.647.479,05 euros.
Al no estar previsto este dinero, la Tesorería municipal emitió hace unos días, el 31 de agosto de 2021, un informe, al que ha tenido acceso este digital, en el que declaró la
imposibilidad de asumir el abono de las sentencias judiciales sin poner en peligro el sostenimiento del Ayuntamiento.
Ante este atolladero, el equipo de gobierno del PP ha optado por un mecanismo extraordinario de financiación a través del
Fondo de Ordenación Estatal.
Es un órgano que
prestará al Ayuntamiento de Marbella esos casi 44 millones de euros, un dinero que obviamente hay que devolver.
Para garantizar la sostenibilidad de la hacienda municipal, se ha previsto un
plan de ajuste para el periodo 2022/2032, que incluye todo tipo de recortes.
Por un lado, el Consistorio se endeuda aún más, ya que hay que recordar que también este ejercicio se ha pedido un
préstamo bancario de 12 millones de euros, y además se verá obligado a hacer ajustes durante diez años.
Una de las medidas que se plantea es
solicitar a la Junta de Andalucía una carencia de dos años (2022-2023) en los pagos para devolver el anticipo reintegrable entregado en 2006 al Ayuntamiento.
Tanto la petición del préstamo al Fondo de Ordenación como el citado plan de ajuste se someterán a
un pleno extraordinario que se está montando a toda prisa y que probablemente será el próximo lunes.
Y es que la solicitud para recibir este dinero debe llegar al
Ministerio de Hacienda antes del próximo 14 de septiembre, por lo que no puede esperar a la sesión ordinaria a final de mes.
En el pleno del pasado mes de abril ya se aprobó una
modificación de crédito de 3,8 millones de euros para pagar una de estas sentencias.
Entonces, el concejal de Hacienda,
Félix Romero, ya advirtió que tendrían que pagar 30 millones, aunque finalmente son casi 44 millones de euros.
Dijo el edil que se recurriría al Fondo de Ordenación, algo que "no tendrá incidencia", señaló, mintiendo una vez más, porque él mismo es el que ahora presenta el plan de ajuste por diez años.
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