La estabilidad económica del Ayuntamiento de Marbella sigue pendiente de las decisiones que tomen los tribunales sobre el pago a 40 años de la deuda con Seguridad Social y Hacienda que dejó la época GIL.
El problema, que puede tener graves consecuencias, lo generó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que
el 22 de junio de 2018 recibió
un cheque de 12 millones de euros con dinero procedente de la venta de bienes embargados en el caso Malaya.
En ese momento aún no estaban aprobados los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que ocurrió seis días después, y que incluían la disposición adicional que permitía que ese dinero viniera a Marbella.
Por ese motivo, tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social
reclamaron los 12 millones al Ayuntamiento y, al no devolverlo, se dio por concluido el fraccionamiento de la deuda histórica con ambas entidades.
El problema era inmenso para el Ayuntamiento, que
acudió a los tribunales donde consiguió una medida cautelar pero, a día de hoy, sigue sin resolverse el fondo del asunto, pese a que la alcaldesa ha dicho
en varias ocasiones que había ganado los recursos.
La postura del Ayuntamiento en su defensa ha sido que estos dos organismos no tenían
capacidad legal para resolver un fraccionamiento que estaba impuesto por ley y que la medida era
desproporcionada.
Según la documentación a la que ha tenido acceso
Marbella24horas, ante la
resolución de la Seguridad Social se interpuso recurso ante el
Juzgado Central de lo Contencioso número 6, que falló contra el Ayuntamiento el 28 de enero de 2020.
Como consecuencia, desde el equipo de gobierno plantearon
recurso ante la Audiencia Nacional, que dictó sentencia el pasado mes de septiembre.
En este caso sí dio la razón parcialmente al Consistorio en cuanto a que el fraccionamiento podía seguir vigente.
Sin embargo, consideró que el dinero recibido de las causas judiciales por corrupción
no podía destinarse a la prestación de servicios públicos, lo que obligaría al Ayuntamiento a devolver los 12 millones.
En este punto, la decisión que ha tomado la alcaldesa es la de presentar
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que será el que decida ahora.
Por otro lado, está pendiente un pleito similar con la
Agencia Tributaria, que también anuló el fraccionamiento de su deuda. En este caso, está a la espera del fallo por parte de la Audiencia Nacional.
Sigue, por tanto, pendiente la decisión sobre las indemnizaciones en dinero de las causas por corrupción en la época GIL y su destino a servicios públicos, algo que sigue haciendo el Ayuntamiento a la espera de sentencias firmes.
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