Hacienda y Seguridad Social coinciden: Muñoz se precipitó con el cheque

Estas prisas son difíciles de comprender, ya que fueron solo unos días los que habría tenido que esperar. La alcaldesa recibió el cheque el 22 de junio y los Presupuestos del Estado entraron en vigor el 5 de julio, tras aprobarse definitivamente el 28 de junio.

Esta normativa, que tiene rango de ley, incluye la disposición adicional que permite que el dinero que se vaya recuperando desde ese momento no se destine al pago de la deuda del Ayuntamiento con el Estado, sino a inversiones en el municipio.

Ahora, esa anticipación de apenas 13 días es uno de los argumentos principales que esgrimen tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social para reclamar los 12 millones de euros.

Curiosamente, no reclaman los 2,3 millones de euros que recibió el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre por los casos Saqueo I y II.

Hacienda

La Agencia Tributaria, organismo que depende del Ministerio de Hacienda, envió al Consistorio el pasado 26 de junio una requisitoria en la que señalaba que la aplicación de la disposición adicional era a partir de su entrada en vigor y que el cheque se había cobrado antes.

En la misma línea, la Tesorería General de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, reclamó el dinero en un escrito que llegó al Ayuntamiento el pasado miércoles día 10.

Uno de los argumentos que aporta es el mismo que utilizó la Agencia Tributaria, dejando claro que el cheque se recibió antes de tiempo.

"Debe hacerse notar que la entrega de los 12 millones de euros se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma normativa producida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, con lo que en ningún caso podría ampararse en dicha reforma", señala.

Por tanto, la conclusión parece evidente y es que la alcaldesa se precipitó y, quizá, si hubiera esperado un par de semanas para hacerse la foto recogiendo el cheque, no existiría ahora este problema.

Alegaciones

El equipo de gobierno ha presentado alegaciones y uno de los argumentos que plantea para desmontar esa precipitación es la retroactividad de la disposición adicional ya que es "un nuevo marco normativo más favorable para el Ayuntamiento de Marbella".

Considera que los organismos reclamantes imponen "un carácter restrictivo" que impide dar al dinero el uso previsto en la Ley, que es "la satisfacción del interés público municipal".

La alcaldesa ya se ha declarado en rebeldía y ha dicho que "de aquí no sale ni un euro", aunque ni mucho menos las reclamaciones de Hacienda y Seguridad Social están resueltas y habrá que ver qué ocurre.

Hay que recordar que hasta el 1 de enero de 2018, el Ayuntamiento había pagado 70 millones de euros de la deuda con el Estado heredada de la época del GIL.

Además, había anticipado con cargo al remanente de Tesorería de los ejercicios 2016 y 2017 más de 28 millones de euros para recudir el pago en más de seis ejercicios.