Oposición frontal del Partido Socialista al proyecto, ya aprobado inicialmente en el pasado pleno, para permitir la construcción de rascacielos en cinco zonas del municipio.
Desde esta formación anuncian que van a poner en marcha "todas las medidas posibles" para evitarlo, a partir del "diálogo, la participación y, si es necesario, la reivindicación". Tampoco descartan emprender acciones legales.
La primera iniciativa será presentar una alegación tipo a la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hace posible la presencia de estas torres en el municipio. En ella pedirán que se mantenga el actual modelo urbanístico, en contra de lo que consideran un "cambio estructural" del mismo.
Esta acción estará acompañada por todas las firmas de apoyo que se recojan en una campaña que va a iniciar el PSOE entre la ciudadanía y las distintas asociaciones del municipio.
También se va a abrir un proceso de diálogo y de reuniones con agentes conocedores del urbanismo como los redactores del PGOU, el equipo que lo elaboró y con el Colegio de Arquitectos, además de con colectivos sociales y económicos.
"Decimos alto, claro y rotundo que no lo vamos a permitir", ha señalado José Bernal en rueda de prensa. "La alcaldesa y el concejal de Urbanismo tienen una sordera profunda, no quieren escuchar a los ciudadanos, y pretenden tirar por tierra nuestro modelo urbanístico", añadió.
"Ni siquiera en la época GIL se atrevieron a levantar rascacielos", recuerda el portavoz socialista, quien ha calificado el proyecto actual como la "huida final de Ángeles Muñoz en su último año de gobierno, en el que quiere dejar todo atado en interés de no sabemos quién".
Bernal considera que en el tiempo que resta hasta las próximas elecciones no va a ser posible levantar las torres, por lo que ha anunciado su compromiso de que si no da marcha atrás el actual Equipo de Gobierno, lo hará su partido "cuando gobierne dentro de un año, entonces derogaremos el acuerdo del pleno".
Además, ha dicho que "queremos saber quiénes son los propietarios de los terrenos en los que se levantarán las torres" y qué interés económico existe para hacer algo que "nadie quiere".
Por su parte, la concejala y arquitecta, Isabel Pérez, ha criticado las formas utilizadas por el PP, llevando directamente al pasado pleno un proyecto tan importante que considera debía haber expuesto primero en una reunión con los grupos políticos.
Pérez sostiene que la modificación del PGOU que se ha planteado supone un "cambio estructural" y que, por tanto, la última decisión debería ser de la Junta de Andalucía. Tal y como está planteado actualmente, la última palabra corresponde al Ayuntamiento, ya que el informe que deberá emitir la administración autonómica no será vinculante.
"No queremos volver a la época del GIL y que la Junta tenga que impugnar en los tribunales", concluyó José Bernal.
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