Según ha podido conocer
Marbella24horas, el PSOE ha presentado una querella y ha solicitado personarse como acusación popular en el caso de los cargos de confianza del PP, en el que se investiga enchufismo durante los mandatos del PP.
El juez instructor, Gonzalo Dívar, aún no se ha pronunciado sobre esta petición, que tiene fecha de entrada en el juzgado el 5 de julio y, de aceptarla, debería fijar una fianza al Grupo Municipal Socialista.
En el escrito de querella, se sostiene que doce contrataciones de personal de alta dirección durante la etapa de Ángeles Muñoz como alcaldesa se realizaron "sin ninguna de las características formales mínimas de la contratación pública".
Se añade que esas incorporaciones tuvieron lugar "sin publicidad, sin libre concurrencia, sin valoración de méritos y, por supuesto, sin principio de legalidad".
Los socialistas consideran que los hechos podría ser constitutivos, entre otros, de un delito de prevaricación administrativa.
Camino del Supremo
La causa se está investigando en el Juzgado de Instrucción número de 3 Marbella y, según fuentes jurídicas consultadas por este digital, podría derivarse en breve plazo al Tribunal Supremo, lo que conllevaría la imputación de Ángeles Muñoz.
Hay que recordar que este caso tiene su origen en la documentación aportada por el equipo de gobierno a la Fiscalía que, una vez analizada, emitió de forma rápida denuncia a los juzgados.
El Ministerio Público, al igual que hace ahora el PSOE en su querella, no dirige la acusación contra nadie en concreto, aspecto que queda por definir una vez que concluya la instrucción.
De todas formas, el equipo de gobierno sí puso la diana cuando hizo su denuncia pública en la exalcaldesa Ángeles Muñoz como la persona que firmó los contratos al estar el frente de las sociedades municipales y Oales donde se hicieron.
El caso estalló en 2015
Todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el
mes de julio de 2015. Este personal de alta dirección finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de lo Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
El pasado
mes de enero, el equipo de gobierno anunció que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía.
Y es que, durante los distintos juicios en materia laboral, se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin el necesario proceso de selección.
En el informe municipal se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó
Marbella24horas.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez ha apreciado solo dos, aunque los más importantes,
prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investiga de forma paralela el llamado caso PGOU, en el que está implicada la actual senadora Ángeles Muñoz.
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