Según un informe, que ya está en poder del Juzgado de Instrucción número de 3 de Marbella y al que ha podido tener acceso
Marbella24horas, en la mitad de las contrataciones que se están investigando se eludió la fiscalización.
"En los expedientes de los Organismos Autónomos Locales (Oales) y Ayuntamiento se habría producido omisión de la fiscalización, no constando según la documentación aportada en esta Intervención que se haya solicitado la fiscalización previa según lo previsto en la ley", señala textualmente el citado documento.
Está firmado el pasado 6 de junio por el Interventor del Ayuntamiento, Jesús Jiménez Campos, y se ha unido a las diligencias previas que, tras la denuncia de la Fiscalía, ha abierto el juez Gonzalo Dívar, que investiga el llamado caso de los cargos de confianza.
El interventor deja claro que para los contratos realizados en las sociedades municipales "no es preceptivo" el informe de fiscalización, aunque sí en el resto.
Por tanto, serían seis los cargos de confianza cuya incorporación no pasó por el Interventor como era necesario, cuatro de ellos estaban en los Oales (Limpieza, Servicios Operativos, Arte y Cultura y Empleo) y los otros dos en el Ayuntamiento.
Este asunto añade aún más gravedad a esta causa, en la que se está investigado enchufismo debido a que las contrataciones de los doce cargos de alta dirección del PP se habrían hecho sin proceso de selección como marca la ley.
Hay que recordar que la denuncia formulada por la Fiscalía no iba dirigida contra nadie, pero desde el equipo de gobierno sí se puso la diana en Ángeles Muñoz como la persona que firmó todos los contratos.
El juez Dívar apreció indicios de que se habrían cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y continúa la instrucción.
Recientemente, según adelantó este digital, se le envió desde el Ayuntamiento un informe en el que se calculaba en más de 300.000 euros el daño patrimonial causado a las arcas públicas por la incorporación de estos cargos de confianza por parte del PP.
Este asunto es un auténtico problema para Ángeles Muñoz, que sigue protegida de momento por su aforamiento, pero que está aún más acorralada en esta causa que en el llamado caso PGOU.
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