Así consta en el informe que se presentó el pasado martes día 24 de enero ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella y que servirá de base para acudir a los tribunales de justicia en el caso de los cargos de confianza del PP.
El documento, de 49 páginas, ofrece todo tipo de detalles sobre los doce trabajadores de alta dirección contratados durante los mandatos de Ángeles Muñoz y que presentaron demandas de lo Social tras finalizar su vinculación con el Ayuntamiento.
El citado informe, calificado como "pastiche" por el edil popular Félix Romero
el pasado martes, amenaza, sin embargo, con poner contra las cuerdas a las exregidora ya que, como publicó este digital, aporta indicios de hasta cuatro presuntos delitos.
Pero, al margen de lo que puedan decidir los tribunales, se recogen aspectos realmente escandalosos desde el punto de vista político, según ha podido conocer
Marbella24horas.
Por ejemplo, uno de estos cargos de alta dirección fue contratado inicialmente en octubre de 2009 por la Sociedad Control de Limpieza, Abastecimientos y Suministros 2000 S.L., ya desaparecida, con el cargo de Director de Viaria y Baldeo.
Pues bien, según refleja el informe, se le dio de alta en la Seguridad Social en la categoría de ingeniero cuando la titulación que aportó fue la de Graduado Escolar. Su sueldo era de 2.858,54 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extra.
Desde entonces, su contratos, siempre temporales, fueron objeto de sucesivas prórrogas, hasta una decena, la última con fecha de finalización el 30 de junio de 2015.
Tras concluir su vinculación, decidió presentar demanda por despido improcedente contra el Ayuntamiento el 29 de julio de 2015, ganando los juicios, ya con sentencia firme, y desde el 1 de noviembre de 2016 es personal laboral indefinido tras solicitar la readmisión.
Los jueces estimaron que sus contratos temporales estaban realizados en fraude de ley y debería ser indefinido, por lo que al finalizar la última prórroga se entendió como despido, calificado posteriormente con improcedente.
Es uno de los casos que se reflejan en el informe y que muestra la forma de actuar del PP durante sus dos mandatos en el Ayuntamiento. Pero hay más, todo perfectamente documentado.
Otro ejemplo
El 1 de julio de 2011, el PP decidió contratar a un adjunto al gerente de Servicios Operativos, puesto que se otorgó con un contrato de alta dirección.
A esta persona le realizaron hasta cinco prórrogas, la última "hasta la expiración del mandato de la Corporación Municipal 2011-2015". Llegado ese momento, como en el caso anterior, presentó demanda en los juzgados de lo Social, ganó y desde el 12 de enero de 2017 es personal laboral indefinido.
En este caso, un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento establece que el procedimiento de contratación que se siguió "no cumplía los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad".
Igualmente se considera que no tenía la titulación ni experiencia necesaria, y que no se cumplieron los requisitos de publicidad y concurrencia.
"La publicidad del procedimiento de selección, en concreto la convocatoria y las bases de selección, que debió publicarse en el BOP de Málaga se omitió. Y, por ende, se vulneró el principio de concurrencia y de igualdad", señalan desde la asesoría jurídica.
Este caso presenta indicios de una presunta prevaricación por, de forma simplificada, lo que se podría catalagar como un presunto enchufismo.
Tercer ejemplo
Y añadimos un tercer ejemplo para ilustrar el "modus operandi" puesto en marcha por el PP, recogido ya en sentencias firmes.
El 20 de septiembre de 2007 se nombró a una Directora de Prensa del Ayuntamiento a través de un contrato de alta dirección que se formalizó con la Gerencia de Obras y Servicios de Marbella.
Tras una primera prórroga, la segunda se hizo a nombre del OAL de Coordinación de Entidades Públicas Municipales de Marbella. El 30 de junio de 2011 se le realizó un nuevo contrato con la empresa Radio Televisión Marbella S.L. como directora.
En este último caso se realizaron ocho prórrogas, hasta el 15 de junio de 2015, con el final del mandato del equipo de gobierno del PP. A partir de ahí, decidió recurrir a los juzgados y está readmitida desde el 22 de marzo de 2016.
Estas tres personas, con sueldos en torno a los 3.000 euros mensuales, han logrado demostrar ante los tribunales que su relación laboral era común y no como personal de alta dirección, por lo que los jueces de los Social han fallado a su favor y, por tanto, declarando el fraude de ley en las sucesivas prórrogas de sus contratos.
El informe realizado por el equipo de gobierno sitúa en la diana a la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya que estaba al frente de las sociedades municipales o de los Oales en los que se hicieron estos contratos.
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