En poco más de una hora, a regañadientes y sosteniendo que este pleno convocado por la oposición no era necesario, el Equipo de Gobierno del PP ha dado marcha atrás, por la presión de la ciudadanía, al proyecto que puso en marcha en noviembre, con la aprobación inicial solo con sus votos, para permitir la construcción de torres de hasta 150 metros de altura.
El portavoz municipal, Félix Romero, ha dicho que el proceso ya estaba anulado porque "al no haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA), carece de valor jurídico", por lo que ha considerado que esta sesión extraordinaria del pleno "no era necesaria".
"Si sirve para enterrar este debate, votaremos a favor", ha dicho, aunque ha propuesto una modificación en el texto de la propuesta para cambiar la palabra "anular" por "dejar sin efecto", que ha sido aceptada por los grupos de la oposición.
Sin embargo, los otros dos puntos del orden del día han sido rechazados por la mayoría del PP. En el primero se pedía la comparecencia de la alcaldesa para que diera explicaciones y, en el segundo, que futuras modificaciones estructurales del PGOU necesitasen una mayoría de dos tercios de la corporación y el visto bueno del Consejo Social.
El debate se ha iniciado con la solicitud de comparecencia de la alcaldesa para que explicase aspectos como qué datos existen para pensar que los rascacielos revitalizarían las cinco áreas, por qué se han elegido estas zonas y no otras y con qué criterio.
Ha defendido la propuesta la socialista Isabel Pérez, quien ha señalado que la modificación del PGOU que se realizó en noviembre venía “motivada por intereses particulares”.
Félix Romero ha considerado que la petición “carecía de sentido” porque se basaba en “algo que no existe ni existirá” y fruto de las “falsedades” de la oposición.
“No hay ningún proyecto aprobado ni que se haya presentado al Ayuntamiento”, explicó el portavoz del PP, quien atacó a la posición señalando que solo querían “estirar la polémica para beneficiarse electoralmente y conseguir su ansiado tripartito”.
Rechazado este punto con los votos del PP, se pasó al segundo, que pedía un blindaje al PGOU para que futuros cambios estructurales necesitasen la mayoría de dos tercios de la corporación y el aval del Consejo Social.
Lo defendió Rafael Piña (OSP), quien señaló que esta petición es “legal” ya que había sido consultada con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “Queremos blindar el PGOU para que en el futuro no se lleven a cabo este tipo de aberraciones”, dijo.
Además, justificó su petición en el temor a que “si el Equipo de Gobierno renueva su mayoría absoluta vuelvan con los rascacielos”.
Félix Romero rechazó esta propuesta por considerarla imposible legalmente y citó la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Además, señaló que este tipo de cambios es competencia de la Junta.
Así se llegó al tercer punto del orden del día, el más esperado, en el que se pedía la retirada de la aprobación inicial que se realizó en el mes de noviembre. La defendió Enrique Monterroso (IU), quien destacó el “error de importantar modelos urbanísticos foráneos”.
“Marbella ya es suficientemente emblemática y no le sientan bien los rascacielos, no aportan nada”, dijo, y criticó que el Equipo de Gobierno utilice la política del “francotirador y del frentismo” en lugar de buscar consenso.
La posición del PP la fijó Félix Romero, quien insistió en que el proceso estaba anulado desde principios de diciembre y que sin su publicación en el BOPMA el acuerdo “no tiene valor jurídico”.
Pese a ello, y señalando que “si sirve para acabar con el debate”, manifestó el voto favorable del PP, no sin antes introducir una modificación en el texto ya que “la expresión legal es 'dejar sin efecto'” el anterior acuerdo plenario.
Con la votación final, por unanimidad, se anula la modificación del PGOU que permitía los rascacielos, con lo cual parece que el recorrido de este polémico asunto ha llegado a su fin.
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