Como ya hemos venido informando, estos recortes son necesarios para poder obtener
un crédito de 43 millones de euros a través del Fondo de Ordenación Estatal con el que pagar hasta 13 sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento.
El plan de ajuste será aprobado este lunes en un pleno extraordinario.
Marbella24horas ha tenido acceso al documento en el que se plantean las medidas que se van a implantar para los
próximos diez años.
La primera de ellas, va directamente a los trabajadores y a su bolsillo, ya que afecta al capítulo I de los presupuestos, el que regula el
gasto en personal.
El objetivo es el sostenimiento de esa partida en 175.217.718,46 euros, que ya supone
8 millones más de lo presupuestado para este año, pero que no puede crecer más.
Para ello, se plantea
recortar las retribuciones complementarias a través de una valoración de puestos de trabajo, así como de las
horas extra.
Pero, sin duda, la propuesta más llamativa es la de
reducir la cifra de trabajadores, que es de algo más de 3.500 y ha ido subiendo cada año.
Para ello se quiere utilizar el cambio introducido en el
nuevo convenio sobre la denominada "Garantía de Empleo”, que dejaba en manos del trabajador la opción de readmisión o indemnización ante un despido improcedente.
También vinculado al nuevo convenio se propone "una reducción del gasto en complementos de mejora de la
incapacidad temporal", es decir, que ya no se cobra todo el sueldo en caso de baja laboral.
El plan de ajuste también busca recortes a través de lo que se ha denominado una "racionalización de la
contratación pública", con medidas como reducir la contratación menor o revisar algunas de las privatizaciones. Esto, evidentemente, va a afectar a la inversión en obras.
Como ya adelantamos la pasada semana, también se ha previsto un periodo de dos años de carencia para no pagar en 2022 y 2023
la deuda con la Junta por el anticipo reintegrable entregado al Ayuntamiento en 2006.
El documento que se va a aprobar en el pleno recoge un
supuesto aumento de ingresos urbanísticos tras la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana /PGOU), que se sitúa "a partir de 2024".
También se prevé
reducir el gasto social y las subvenciones para aligerar el capítulo IV de los presupuestos.
En definitiva, toda una convulsión para las cuentas municipales en los próximos diez años fruto, como ya hemos explicado, de la falta de previsión por parte del equipo de gobierno de Ángeles Muñoz para hacer frente al pago de las citadas sentencias judiciales, que conocían desde el año pasado.
Además, no hay que olvidar que el Ayuntamiento ha pedido este año un
crédito bancario de 12 millones de euros, que devolverá en los próximos 15 años.
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