El documento, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, tiene fecha de 29 de noviembre de 2017 y confirma que el caso PGOU sigue vivo en los tribunales, en contra de la opinión que ha intentado transmitir el PP desde el pasado mes de agosto.
La diligencia de ordenación, que firma la letrada de la administración de justicia (secretaria judicial) María Pilar Serrano, señala que están admitidos los dos recursos de apelación planteados contra el sobreseimiento de la causa y acuerda elevar "las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución de los recursos".
Además, unos días antes, el 16 de noviembre, el Fiscal de Área, Julio Martínez Carazo, se ha ratificado en su escrito de apelación y en contra del archivo de las diligencias.
Por tanto, la causa queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Málaga, que ya tiene toda la información para tomar una decisión sobre si la reabre.
Hay que recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 3, Gonzalo Dívar, acordó el pasado 9 de agosto de 2017 el archivo del caso al considerar que no existía ninguna infracción penal en los hechos denunciados.
Contra esa decisión, el PSOE presentó recurso de reposición, que fue ya rechazado por el propio magistrado, y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, órgano ante el que el fiscal también recurrió.
Ahora se envía toda la documentación a Málaga para resolver este asunto en el que se investiga la presunta falsificación del acta del pleno de 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El fiscal, que formuló denuncia contra al alcaldesa, Ángeles Muñoz, y contra el vicesecretario municipal, mantiene que se ocultó a los concejales "la modificación de 21 de los 71 planos" que componían ese documento.
El grupo municipal socialista, en su recurso, pide que se practiquen nuevas diligencias, solicitadas también por el Ministerio Público, y sostiene que durante la instrucción no se han desvirtuado los hechos denunciados.
Los socialistas también consideran que el juez instructor, Gonzalo Dívar, ha realizado una interpretación de las pruebas que solo corresponde al juzgador.
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