Según un escrito al que ha tenido acceso
Marbella24horas, la Fiscalía de Marbella transmite al juez Gonzalo Dívar, titular del Juzgado de Instrucción número 3, su respaldo a las tesis mantenidas por el PSOE después de que este magistrado acordara en agosto el sobreseimiento del caso PGOU.
El documento tiene fecha de 18 de septiembre, aunque ha sido notificado hace tanto solo unos días.
"El Fiscal (...) se adhiere al recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por la representación del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Marbella contra el auto de fecha de 9 de agosto de 2017", señala Martínez Carazo.
Por tanto, el Ministerio Público apoya el recurso planteado por el PSOE y sigue manteniendo que la causa no se debe archivar, sino que hay que continuar practicando diligencias.
La Fiscalía, además, reitera los argumentos que planteó en su recurso de apelación e insiste en un delito de falsedad del que responsabiliza a la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, que está aforada por su condición de senadora, y al vicesecretario municipal.
El escrito del fiscal dirigido al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.
Hay que recordar que el
14 de agosto se conoció el auto del día 9 de ese mismo mes en el que Dívar acordaba el archivo de la causa pese a la opinión en contra del fiscal.
Se da la circunstancia de que el sobreseimiento provisional se hizo público el mismo día en que PP y OSP firmaron la moción de censura que devolvería después la alcaldía a Ángeles Muñoz.
Como consecuencia de esa decisión del juez, Julio Martínez Carazo, gran conocedor del caso, ya que lo estuvo investigando durante un año, formuló el 18 de agosto un
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.
La Fiscalía insistió en que se ocultó al pleno celebrado el 29 de julio de 2009 "la modificación de 21 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella".
También el PSOE, que está personado como acusación popular, decidió presentar recurso, en este caso de reforma y subsidiario de apelación, por lo que primero tendrá que pronunciarse el Juzgado de Instrucción número 3 antes de que pueda ir a la Audiencia.
Los socialistas continúan pensando que los hechos son, indiciariamente, constitutivos de un delito de falsedad en documento público y que las diligencias practicadas hasta ahora "no contradicen" la denuncia que presentó el fiscal tras un año de investigación a instancia del movimiento ciudadano antideslinde.
A este recurso de los socialistas es al que ahora se ha adherido la Fiscalía, apoyándolo en sus argumentos.