La conclusión, ya en el final del proceso, vuelve a ser la misma a la que ya se llegó en el verano de 2016 desde el Servicio de Disciplina Urbanística: las obras en su chalé de Nueva Andalucía no son legalizables y, por tanto, hay que demolerlas.
Además, se impone una multa de más de 3.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso
Marbella24horas.
El expediente abierto hace dos años tenía, como es habitual en estos casos, dos procedimientos distintos: el de restablecimiento de la legalidad y el sancionador. Ambos han llegado ya a su fin, tras los recursos, y solo cabría la vía contencioso-administrativa.
El pasado 5 de marzo de 2018 se resolvió la parte sancionadora con la imposición de una multa de 3.113,25 euros, que ya se la ha comunicado a Carmen Díaz.
Además, también está finalizada la protección de la legalidad, que rechaza el recurso de reposición y concluye con la obligación de demoler, aunque en este caso todavía no se le ha notificado.
Inspección
Todo arrancó con el acta urbanística levantada el 18 de abril de 2016 tras una inspección en la que se detectó en el chalé en Nueva Andalucía propiedad de Carmen Díaz, entonces concejala del PP en la oposición, una construcción que no se ajustaba a normativa.
Pese a las advertencias, según consta en la documentación, la edil siguió adelante con los trabajos y se inició el expediente desde Disciplina Urbanística.
Se zanjó que había ejecutado una construcción auxiliar -porche- adosada tanto a la edificación principal como a lindero público que "incumple la normativa que le es de aplicación, no resultando legalizable, y no encontrándose entre las actuaciones que pudieran permitirse en la vivienda de referencia".
Por tanto, debía demolerla, aunque Carmen Díaz lleva resistiéndose desde entonces a ello y utilizando todas las herramientas legales a su servicio, aunque no le han servido más que para dilatar este asunto.
Polvareda política
Estas obras realizadas sin licencia saltaron a la luz pública en julio de 2016 y levantaron una importante polvareda. El
entonces alcalde, José Bernal, calificó la actitud de la edil de PP como "inaceptable" y dijo que "nadie puede llevar a cabo una obra ilegal en la Marbella del postgilismo".
Díaz no dio explicaciones pero sí lo hizo
su compañero Félix Romero, quien dijo que sino que "únicamente ha instalado una puerta automática en el garaje y ha procedido al revestimiento del motor, una obra menor de 6.000 euros, que entendía no necesitaba licencia".
Esa precisamente ha sido la defensa de la exconcejala popular en estos casi dos años, pero no le ha servido. Tras formular en su día alegaciones al expediente, que fueron rechazadas, optó por el recurso de reposición.
En mayo de 2017 se solicitó un nuevo informe jurídico, que no ha estado listo hasta el 5 de marzo de 2018, denegando el recurso de reposición y manteniendo la orden de demolición puesto que no son obras legalizables.
Por tanto, casi dos años después, este asunto concluye a la espera de ver qué actitud adopta Carmen Díaz y si decide recurrir a la vía contencioso-administrativa.
La multa que se le ha impuesto se podría rebajar si procede cuanto antes a la demolición, aunque en caso contrario sería objeto de nuevas multas coercitivas.
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