Esta mañana, José Bernal, a preguntas de los medios de comunicación, ha vuelto a hablar sobre el tema que había denunciado el día antes como es la compra por parte del Ayuntamiento del resto del edificio donde se encuentra la Delegación de Urbanismo y que pertenece a una sociedad que tiene entre sus socios a un prófugo de la justicia por el caso Malaya, Juan Hoffmann, y al alcalde de Estepona, José María García Urbano.
Es un inmueble de siete plantas, en la calle Alonso de Bazán, tres de las cuales fueron cedidas en 2012 al Consistorio en función de las normalizaciones urbanísticas que estipulaba el anulado Plan General de Ordenación Urbana de 2010, ya que el inmueble se construyó de forma ilegal.
El líder socialista ha dejado muy claro que durante su etapa como alcalde nunca negoció la compra del resto del edificio pese a que José María García Urbano se lo ofreció hasta en tres ocasiones.
"Nuestro planteamiento era llevarnos de allí la delegación porque no es un edificio funcional, son apartamentos transformados en oficinas, y siempre le dijimos que no", ha explicado.
Bernal ha dicho que sobre este asunto mantuvo dos reuniones con García Urbano y hubo una tercera en la que estuvo la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, todas ellas a petición del alcalde de Estepona.
"En 2016 solicitó una reunión para hablar de asuntos relacionados con la gestión de ambos municipios y ahí me ofreció el edificio", señaló.
Reuniones
Y continuó. "Me dijo que había sido una ruina para él, que no tenía salida y que seguía sin venderse, que no le había ido bien ni a él ni a sus socios", añadió.
Según ha relatado el edil socialista, "volvió a pedirme una segunda reunión, ya solo para hablar del edificio, y me dijo que se lo teníamos que comprar, y de todo esto sabe bastante Manuel Osorio".
"Cuando le dije otra vez que no quería el edificio, me respondió que iba a actuar judicialmente con el Ayuntamiento y contra mí porque entendía que tras la anulación del PGOU de 2010 era otra vez ilegal y nos iba a reclamar las oficinas que tuvo que ceder como compensación", señaló.
"En ese momento, le dije que él estaba defendiendo sus intereses personales y los de sus socios y yo los de Marbella y que quizá nosotros le íbamos a pedir los más de 200.000 euros que encima le dio el Ayuntamiento durante la normalización", añadió.
Y Bernal añadió una tercera reunión sobre este asunto, en este caso entre Isabel Pérez y José María García Urbano, en la que "nos trasladó lo mismo y se llevó la misma respuesta de las anteriores".
Convenio expropiatorio
"Nosotros dijimos que no tres veces, pero ahora este equipo de gobierno plantea hacerse con el edificio", ha señalado, añadiendo que quieren adquirirlo "con un convenio expropiatorio, como en la época del GIL, que era su fórmula preferida".
Se trata de una figura, según ha explicado, distinta a la expropiación forzosa. "En este caso es de común acuerdo, ya que la otra parte quiere ceder la propiedad y se alcanza un justiprecio".
El edil socialista ha insistido en que "este asunto lo vamos a llevar a Fiscalía" y considera que "todo está más que pactado". "Es una indecencia y un canchullo entre amigos políticos, corruptos y constructores que se beneficiaron de Marbella en los años del PP".
También, ha calificado las declaraciones que realizó ayer la concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel, como una "absoluta falta de vergüenza", especialmente cuando declaró que no conocía a los propietarios del edificio.
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