No va más en el caso PGOU. El Tribunal Supremo ha puesto un final decepcionante, aunque quizá esperado, a raíz de la instrucción realizada en Marbella y teniendo en cuenta que el ponente en Madrid ha sido un exsenador del PP. En ninguna instancia se ha querido profundizar en lo que ocurrió y ya solo queda esperar que no se intente repetir, ahora que se está redactando un nuevo Plan General.
Para la
historia negra de Marbella quedará que alguien, tendremos que seguir llamándole X, quiso que el 29 de julio de 2009, a pocas horas del pleno para aprobar el PGOU que rompía con la época GIL,
se cambiaran 22 planos, sin conocimiento de los concejales de la oposición, y seguro que tampoco de la mayor parte de los del equipo de gobierno, y ese nuevo documento fue el que se mandó a la Junta.
De lo que ocurrió aquel día, ya lo hemos contado muchas veces, se desprendían dos hechos incuestionables, y así lo expuso siempre el movimiento ciudadano antideslide.
Primero, el
PGOU de 2010 fue falsificado, alterado o modificado de forma irregular, como queramos decirlo. Segundo, lo mismo se puede decir del
acta de aquel pleno.
Y, son dos hechos ciertos, no porque lo diga yo, sino porque están acreditados.
A petición de la Fiscalía, un informe del Jefe de la Unidad Técnica de Planeamiento y Gestión constató "alteraciones" en 22 planos entre la versión que entregó el
equipo redactor el 12 de junio de 2009 y el que se envió a la Junta tras su
aprobación en el pleno un mes después. Solo bastaba con comparar ambos documentos.
En el caso del acta ocurría lo mismo, solo había que comparar
el texto con el vídeo de aquella sesión y comprobar que no casaban.
Partiendo de esos hechos, denunciados en el verano de 2015 por el movimiento antideslinde, el trabajo de la Justicia era
buscar a los responsables y determinar si se había cometido algún delito.
Pero los tribunales
han pasado de largo. Principalmente, porque nunca se percibió interés alguno por parte del juez instructor en desentrañar este escabroso asunto. Parece evidente que le quemó en las manos desde el primer día y nunca vio nada punible.
El f
iscal puso más celo en su actuación, aunque optó por
la parte más fácil, que era ceñirlo todo a la segunda falsedad, la del acta. Ahí señaló de forma clara a la alcaldesa y al vicesecretario, que falleció a principios de 2018.
Han pasado
cuatro años desde que se iniciaron las diligencias, que finalmente han servido solo para que el
Tribunal Supremo nos aclare que el acta de un pleno no es responsabilidad del alcalde o alcaldesa de turno.
Atrás quedan declaraciones como las de los exconcejales
Enrique Monterroso (IU) y
Susana Radío (PSOE), que dejaron claro ante el juez que
no conocían los cambios que se habían producido en los planos.
Sus testimonios fueron claros y evidentes, pero para nada sirvieron. Como tampoco, aunque por otra razón, el que ofreció el también
exedil Diego Eyzaguirre, que en 2009 formaba parte del equipo de gobierno del PP, y que sufrió un repentino
ataque de amnesia frente al juez.
Al final, ha sido imposible que la Justicia actuara sobre aquel triste episodio, que quedará ya para siempre
sin aclarar. Porque, insisto, lo único que ha determinado el Supremo es que la alcaldesa no era la responsable de la elaboración del acta.
Pero este era el tema menor. El importante, el de los planos, que desembocó después en un
expediente de alteración de lindes entre Marbella y Benahavís, ya sabemos con qué fin, nunca se aclarará.
Detrás de todo este asunto, ha emergido siempre la figura de la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, de los terrenos donde está su mansión en
Vega de Colorado y donde su familia tiene intereses urbanísticos.
Ha sido
un calvario, efectivamente, pero para Marbella y San Pedro Alcántara, aunque nos queda el consuelo, y la satisfacción, de que aquella trama, definida como un "pelotazo urbanístico" por el movimiento antideslinde,
no se llevó a cabo. Aunque tampoco nadie va a pagar por el intento.
Habrá quien piense que todo esto ya no tenía mucha importancia dado que el PGOU fue anulado en noviembre de 2015, y que, el posterior expediente de alteración de lindes entre Marbella y Benahavís, también quedó cerrado, primero por la
Junta en 2015, y después por el Supremo,
en 2019.
De todas formas, habría sido necesario aclarar responsabilidades en los juzgados, porque ahora se está elaborando un
nuevo Plan General y sería bueno que la historia no se repitiera, ya que otra vez al frente está la misma persona.
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