Cinco personas han pasado este martes por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella para prestar declaración, cuatro de ellas como testigos y una como imputado, ante el magistrado Miguel Ángel Gómez Torres.
Dos de los comparecientes han sido dos policías locales. Uno de ellos, un subinspector, se ha ratificado ante el juez en que habían existido presiones por parte de un superior, un inspector que también ha acudido hoy a sede judicial, para que no inspeccionara el club de playa.
El subinspector ha explicado que él no había recibido presiones pero que tenía referencias de que dos compañeros, que fue a los que encargó que visitaran el Funky Buddha, sí habían recibido órdenes para que no hicieran las inspecciones.
En su declaración, no ha detallado quién realizó esas supuestas presiones, por lo que no responsabilizó directamente al inspector. Si dejó claro ante el juez que tanto en este establecimiento como en otros se levantaban inspecciones pero que seguían trabajando sin problemas.
También mostró ante el juez su extrañeza ante el comportamiento de su superior cuando le pidió que realizara un informe sobre los motivos por los que había decidido que se practicara la inspección, algo que, según señaló, no había visto en 30 años de servicio.
Por último, se ratificó ante el juez en que les ofrecieron invitaciones para acudir a la apertura del club de playa.
Por lo que se refiere a la declaración del inspector que supuestamente habría realizado las presiones, negó los hechos, dijo que está dentro de sus funciones solicitar un informe y criticó que la orden de realizar la inspección no se había dado por radio.
Además, aprovechó para atacar al subinspector por su condición de liberado sindical y dijo que estaba "un poco desahuciado" sobre el funcionamiento de la Jefatura.
También han pasado por sede judicial dos administrativos de la Delegación de Urbanismo que redactaban los borradores de los decretos y que han manifestado que el concejal Pablo Moro no los firmó, aunque aseguraron desconocer el motivo.
Empresario
Por último, compareció, en este caso como imputado, Juan Carlos Ferrero, socio mayoritario de la mercantil Adventure Beach, que explota el citado club de playa. Ha explicado que no incumplió las órdenes de paralización de las obras y alegó que existían algunos defectos que eran "subsanables y legalizables".
Ha reconocido que era consciente de que mientras realizaba las obras no tenía licencia, pero que las consideraba legalizables y que sabía que tendría que hacer frente a las sanciones administrativas oportunas.
Ferrero ha negado que influyera de alguna manera en el concejal Pablo Moro para que no firmara los decretos y también ha dicho que estaba siendo objeto de una "persecución" con este expediente para que abandonara el proyecto. Dijo que lleva desde 1997 haciendo obras en Marbella y que nunca le había pasado algo similar.
En su declaración también explicó que es habitual que, debido a la lentitud para obtener permisos y licencias, se empiecen las obras sin la licencia y se asuman las sanciones por ello.
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