Los concejales de Opción Sampedreña (OSP), Rafael Piña y Manuel Osorio, han comparecido esta tarde en rueda de prensa para explicar el auto que han recibido por parte del juez Sergio Ruiz Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella.
El magistrado no admite a trámite la querella criminal que había presentado la formación política contra Ángeles Muñoz, Federico Vallés y Baldomero León, como consecuencia del nombramiento de estos dos últimos como directores generales, de Deportes y Participación Ciudadana, respectivamente, tras abandonar sus puestos como cargos no electos.
En su auto, explica que los hechos denunciados por OSP "no son penalmente relevantes". De todas formas, en su razonamiento sí detalla toda una serie de irregularidades en el proceso de selección de Vallés y León que podrían determinar su nulidad en el orden administrativo.
Desde OSP acatan el auto del juez, pero no lo comparten y han anunciado que interpondrán un recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga. De todas formas, consideran importante que el magistrado ratifique algunos de los defectos que había denunciado esta formación política el proceso para nombrar a los dos directores generales, aunque continúan manteniendo que existe delito de prevaricación.
El juez cierra la puerta, en primera instancia, a la vía penal, aunque es claro y contundente en su análisis a título prejudicial, en el que aprecia "la efectiva existencia de vicios procedimentales sustanciales que, muy probablemente, determinarían o pudieran determinar en el orden administrativo correspondiente la nulidad absoluta de todo el proceso selectivo desarrollado para el nombramiento de Baldomero León y Federico Vallés".
Auto del juez
Pero su auto va más allá, ya que considera que la contratación de ambos directores generales "adolece completamente de cualquier motivación que justifique la perentoria, inaplazable y urgente necesidad de crear la dos direcciones generales".
Y añade que es "incomprensible" que el 9 de mayo de 2013 se convocara a través de un decreto de Alcaldía el proceso selectivo para unas direcciones generales que "ni siquiera se han creado formalmente todavía y, en consecuencia, no figuran en el organigrama del Ayuntamiento de Marbella".
Considera, por tanto, que la convocatoria que se publica en el tablón de anuncios "no debería tener efecto jurídico alguno" ya que las plazas no estaban creadas y solo existía una "propuesta de Alcaldía".
Además, explica que el 10 de mayo, "curiosamente un día después de la propuesta y la convocatoria del proceso selectivo", es cuando la Junta de Gobierno Local crea las dos plazas "sin que se aprecie motivación o razón alguna" que las justifique.
El juez reconoce, a efectos de publicidad y concurrencia, que sí ha existido una "mínima convocatoria pública" al exponerse en el tablón de anuncios del 9 al 13 de mayo, aunque considera "muy discutible jurídicamente que no se publicara, además, en el boletín oficial correspondiente".
En sus críticas al proceso, también detalla que, en el acuerdo de nombramiento, la Junta de Gobierno Local, "tampoco motiva lo suficiente la razón o razones por las cuales considera más idóneos a los designados".
Valoración política
"Estamos satisfechos por una parte ya que entendíamos que estos expedientes incurrían en irregularidades y arbitrariedades que ahora el juez reconoce", ha explicado Rafael Piña, aunque discrepa en otros aspectos.
Considera que podría existir un delito de prevaricación ya que la alcaldesa actuó "buscando resquicios para contratar a las personas que quería". Piña se preguntó cómo es posible que solo concurrieran a estas plazas tres personas (los dos elegidos y una tercera) "con la necesidad de trabajo que existe".
Manuel Osorio, por su parte, criticó la intervención que realizó el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, al día siguiente de que OSP presentase la querella. "Ha quedado demostrado, lo dice el juez, que mintió, pero es un cargo público, peor es que a su lado estuviera el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento", dijo.
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