En una rueda de prensa muy política y con pocas explicaciones técnicas a las acusaciones de OSP, Carlos Rubio, que ha estado acompañado por el director de la Asesoría Jurídica, Enrique Sánchez, ha defendido la postura del Equipo de Gobierno sobre la querella por prevaricación contra la alcaldesa.
"Es uno de los mayores esperpentos políticos de esta legislatura", ha comenzado diciendo, al tiempo que criticó que estamos ante "un intento más de la oposición por dañar a la alcaldesa usando la justicia como instrumento político".
Rubio considera que las acusaciones de OSP, partido al que no nombró con sus siglas en ningún momento, son "infundadas y desenfocadas" y señaló que aún no conocen el contenido de la querella sino solo la información que se facilitó en rueda de prensa.
"El procedimiento administrativo tuvo lugar hace seis meses y su vía de recurso vencía al mes siguiente, pero por desconocimiento, seguramente, o incompetencia, no fueron capaces de recurrir en el plazo y ahora montan este pequeño circo con una querella criminal", explicó.
Rubio continuó señalando que "la alcaldesa no es la competente para estos nombramientos, sino la Junta de Gobierno Local (JGL), como dice la ley, que deberían leerla para darse cuenta de la torpeza que están cometiendo" y añadió que esto "demuestra la ignorancia de estos personajes".
El coordinador de Personal sostiene que el procedimiento para nombrar a Federico Vallés y Baldomero León ha sido "impecable" y se han seguido "todos y cada uno de los pasos que marca la ley".
Según explicó, se declaró la necesariedad de la contratación por parte de la JGL, se realizó y se publicó el procedimiento, hubo concurrencia y fue, finalmente, la JGL la que procedió al nombramiento. También dijo que se habían respetado los límites presupuestarios, ya que esas dos plazas habían desaparecido como concejales no electos y el dinero pasó a los directores generales.
Rubio considera "totalmente inadmisible e inaceptable que se utilice la justicia para hacer política, lo único que están haciendo es suplir su falta de ideas, de proyecto y de liderazgo".
"En esta querella queda totalmente acreditado el profundo desconocimiento que tiene la oposición de la ley, de la administración y de los procedimientos, no saben nada", añadió.
Rubio lamento que "hemos tenido que soportar, desde que llegamos al gobierno en 2007, diez procesos penales, todos archivados, igual que lo será esta querella porque no tiene ningún fundamento".
Y concluyó con una advertencia o amenaza, según se quiera entender. "Este Ayuntamiento, una vez se archive la causa, adoptará las medidas legales oportunas para que los responsables de este esperpento político que hemos tenido que soportar sean llevados ante la justicia por falsa denuncia, no nos vamos quedar con los brazos cruzados", dijo.
La opinión de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, no ha sido posible conocerla por el momento ya que a primera hora de la mañana se anulaba su presencia en dos actos previsto desde el día anterior en la agenda municipal de este jueves.
El grupo municipal de OSP presentó este miércoles una querella criminal por supuesta prevaricación administrativa contra Ángeles Muñoz, Baldomero León y Federico Vallés como consecuencia del nombramiento de estos dos últimos como directores generales tras dejar sus puestos como concejales no electos.
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