La modificación de crédito para reservar 2,8 millones de euros para la adquisición de las cuatro plantas restantes, y sumarlas a las tres que ya ocupa la Delegación de Urbanismo, quedó sobre la mesa el pasado viernes.
La oposición pidió que así fuera, para que el asunto pudiera pasar por la comisión de Urbanismo y obtuviera los informes necesarios, y el concejal de Hacienda y Patrimonio, Manuel Osorio, aceptó, con Ángeles Muñoz sin querer intervenir.
Inicialmente, la idea era hacer este miércoles día 31 esa comisión, previa a un pleno extraordinario que se planteaba el próximo día 7 de noviembre. Ahí se espera que este asunto se tratara.
Pero, según las fuentes que ha consultado este digital entre los grupos municipales de la oposición, el equipo de gobierno les ha informado que finalmente se abordará en la sesión ordinaria del 30 de noviembre.
Sin prisa
Por tanto, ya parece que no corre tanta prisa y todo apunta a que el revuelo que se montó tras la denuncia pública por parte del portavoz socialista José Bernal ha echado el freno al bipartito.
Y es que el exalcalde fue claro y dijo que llevaría el asunto a los tribunales de justicia algo que, sin duda, habrá hecho recapacitar sobre la urgencia que justificó la concejala de Urbanismo,
Francisca Caracuel.
Ahora, el equipo de gobierno se va a tomar tiempo, todo parece que para preparar el terreno sobre la figura que quieren utilizar, que parecer ser un convenio expropiatorio, aunque no está muy claro si es la que se había elegido en un primer momento.
Los habilitados nacionales tienen que jugar también su papel y emitir los informes oportunos. La intención es que todo llegue para el día 30 de noviembre, aunque tampco es seguro porque se trata de un asunto que se le ha complicado a Ángeles Muñoz.
Y es que el pasado miércoles, José Bernal escenificó una rueda de prensa muy contundente recordando que las cuatro plantas restantes del edificio pertenecen a una sociedad de la que son socios el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y un prófugo de Malaya como Juan Hoffmann.
Además, también forma parte de ella el constructor Bonifacio Solís, habitual contratista de obra pública en el Ayuntamiento de Marbella con Muñoz como alcaldesa.
Tasación
La Delegación de Urbanismo ocupa ahora mismo tres plantas del inmueble, que fueron entregadas al Ayuntamiento en función de las normalizaciones urbanísticas que estipulaba el anulado Plan General de Ordenación Urbana de 2010, ya que el inmueble se construyó de forma ilegal.
Una de las claves de esta operación está en saber en cuánto se han tasado las cuatro plantas que se quieren adquirir, algo que figura en un informe del área de Patrimonio, al frente de la cual está Osorio, que el bipartito aún no ha entregado a los grupos de la oposición.
Algunas fuentes consultadas por este digital, señalan que el importante de la adquisición se elevaría bastante sobre los 2,8 millones de euros que se quieren reservar en una modificación de crédito en el pleno. La cantidad final que se pagará podría ser incluso el doble.
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