Ha sido, por tanto, a través de una nota de prensa el medio que ha utilizado el Consistorio para informar de que se "ha ratificado" el convenio para asesorar a personas en riesgo de exclusión y que están afectadas por un desahucio.
Según el Ayuntamiento, el servicio "se venía prestando en el último año", pero ahora se "amplía" para dar cobertura también a los impagos por renta de alquileres.
Lejos de la propaganda que habitualmente distribuye el equipo de gobierno, lo cierto es que este acuerdo se firmó el
27 de noviembre de 2017 y se destinó una partida de 25.000 euros para este año 2018.
Pero, en el pasado mes de junio, el acuerdo saltó por los aires, ya que el Colegio de Abogados hizo pública una
nota de prensa en la que anunciaba que se veía "forzado" a suspender este servicio ante la falta de pago por parte del Ayuntamiento.
Esta mañana se ha vuelto a firmar el convenio, que estaba vigente durante todo este año 2018. Pero si nos atenemos a nota de prensa del Ayuntamiento, parece algo nuevo y que abarcará también 2019.
Fundamental
“Para nosotros era fundamental que se siguiera llevando a cabo un servicio que también estará operativo el próximo año y para el que destinaremos una partida de 25.000 euros en los presupuestos del próximo año, la misma cuantía que se contempla en el acuerdo que hemos ratificado hoy”, ha destacado Ángeles Muñoz.
Es decir, que para 2018 se ha firmado por dos veces el acuerdo, pese a lo cual se ha vendido por todo lo alto esta mañana. Eso sí, no se le ha podido preguntar a la alcaldesa si se ha pagado el servicio tras la denuncia que hicieron los abogados en verano.
Al margen del tema político, esta oficina de intermediación hipotecaria es importante para que las personas con menos recursos y que se encuentran con una situación de desahucio puedan tener asesoramiento legal.
El decano, Francisco Javier Lara, ha destacado que para el Colegio de Abogados es fundamental que se preste como un servicio público, porque el objetivo es "ayudar a personas y familias desfavorecidas en riesgo de perder su vivienda".
Los letrados que prestan este asesoramiento tienen formación específica para atender estos asuntos, ha recordado.
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