Este servicio se prestará a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la delegación de Derechos Sociales, según ha explicado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha rubricado el acuerdo con el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.
Ha subrayado que “no habrá ni un solo día que las personas que sufran este problema no vayan a tener por parte del Ayuntamiento un asesoramiento completo”.
Además, ha informado de que el anterior equipo de Gobierno había contratado a un despacho de abogados externo, con un coste para las arcas municipales de 60.000 euros anuales, y que en su lugar se contará con el Colegio de Abogados.
“Con la mitad del coste, 25.000 euros, y con la garantía que brinda esta institución, se ha incluido una partida presupuestaria para 2018”. Hasta la firma de ese convenio, “para que no hubiera un vacío, el colegio se ha ofrecido a presentar el asesoramiento de manera gratuita”.
Muñoz ha señalado que actualmente 74 familias requieren ese tipo de asesoramiento en Marbella por parte de un abogado “para conseguir un mejor entendimiento entre las partes”.
También ha remarcado que, precisamente gracias a la labor del Colegio Abogados, se ha podido frenar una ejecución hipotecaria y se han acordado dos daciones en pago, “dándole salida a esas familias que desgraciadamente lo están pasando mal”.
Asimismo, ha destacado la garantía que supone “la formación y profesionalidad” de los abogados de este colectivo, que ofrecen atención de manera integral en el resto de la provincia, y ha avanzado que en 2018 también formarán a funcionarios municipales en esta materia.
Por su parte, Lara, quien ha agradecido a la alcaldesa la materialización del convenio, ha puesto el acento en que era “difícilmente explicable que se estuviese dando este servicio a todas las familias de la provincia y de Málaga capital y no a una ciudad como Marbella”.
Y ha recordado que fue en 2012 cuando el colegio puso en funcionamiento el equipo de abogados especializados en derecho bancario y en ejecuciones hipotecarias.
“Además de presentar asistencia a los ciudadanos en situación de exclusión social, damos cursos continuos de formación a abogados y organizamos jornadas de formación para que los funcionarios sepan cómo atender estas situaciones”, ha agregado.
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