El pasado miércoles concluía el plazo para la presentación de alegaciones a la decisión que tomó a primeros de agosto la Junta de Andalucía de abrir expediente para rescatar la concesión de la ampliación del Puerto de La Bajadilla en Marbella.
En total, se han presentado cuatro respuestas: dos por parte de la sociedad del jeque, una por el administrador judicial y otra por parte del Ayuntamiento de Marbella.
Como ya hemos informado anteriormente, la intención del equipo de gobierno no es abrir un nuevo concurso público, sino facilitar la entrada de un nuevo grupo inversor que asuma el proyecto que ya está en marcha.
Y en esta línea ha ido la alegación que se ha presentado desde el Ayuntamiento y a la que ha tenido acceso
Marbella24horas. Se ha pedido a la Junta que no resuelva de forma inmediata la concesión, sino que alargue un poco más el proceso para que se pueda sustituir al jeque.
Desde el Consistorio exponen que "tres de los grupos inversores contactados están en el proceso de revisión legal y documental para llevar a cabo su entrada en el proyecto concesionario".
Ante esta situación, consideran que "la resolución del contrato de concesión administrativa daría al traste con cualquier intento (...) por hacer posible el objetivo de la administración municipal: la ampliación y su posterior explotación exitosa".
Por tanto, en la alegación presentada lo que le piden a la Junta es la "suspensión de la resolución contractual de la concesión hasta tanto culminen las conversaciones en curso, tendentes a dotar de viabilidad el proyecto".
En definitiva, el Ayuntamiento quiere un poco más de tiempo, hasta noviembre, para poder cerrar la entrada de un grupo inversor. Principalmente son dos los que están más interesados, según las fuentes consultadas por este digital.
Por tanto, todo apunta a que la Agencia Pública de Puerto de Andalucía (APPA) tendrá muy en cuenta esta alegación, que además coincide con la intención de la administración judicial, favorable también a la llegada de un nuevo inversor que desatasque la situación.
Para ello, un paso que se quiere dar pronto es la convoctoria de una Junta General en la que se pueda ver la situación real de la empresa concesionaria, aspecto que necesitan los inversores para dar visto bueno definitivo.
Lo que el Ayuntamiento trata de evitar es que se rescate ya la concesión, lo que obligaría a abrir, si se estimara oportuno, un nuevo concurso público, que sería la última opción para poner en marcha el proyecto.
A estas alturas, pese a que ha presentado dos alegaciones, el jeque sabe que su tiempo se acaba y que su opción es facilitar la llegada de un nuevo empresario.
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