El auto judicial, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, supone un golpe en la línea de flotación del gobierno bipartito (PP-OSP), que ya había colocado a 11 directores generales y un adjunto a la dirección general.
Seis de ellos estaban anteriormente como cargos de confianza y ocupaban plazas de asesores, tres de las cuales fueron amortizadas y se crearon tres nuevas para Las Chapas, Nueva Andalucía y Marbella Oeste.
Por tanto, tras la paralización cautelar, dejarán de ser directores generales y tres de ellos, Carmen Díaz, José María Morente y Enrique Rodríguez habrá que ver qué puesto ocupan o si se vuelven a crear los que tenían antes.
En todo caso, ninguno de las 12 personas nombradas podrá continuar ejerciendo como director general.
Esta decisión judicial, supone un contratiempo importante para el gobierno de Ángeles Muñoz, que ya se encargó de paralizar este proceso durante los dos años del tripartito y, una vez regresó a la alcaldía, anuló todos los recursos y lo puso en marcha.
La Sala de lo Contencioso del TSJA ha acordado con fecha de 19 de marzo, la suspensión cautelar solicitada por el PSOE de la disposición adicional tercera del Reglamento de Coordinadores y Directores Generales y también el acuerdo que aprobaba las bases para su nombramiento.
La citada disposición fue introducida por el PP y OSP y señalaba las direcciones generales que podrían no ser desempeñadas por funcionarios, que eran todas las previstas.
Recurso
Hay que recordar que el
pasado mes de febrero, el portavoz socialista José Bernal anunció la presentación de un recurso contencioso administrativo al entender que no se estaban respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que fijan la Constitución y las leyes.
Además, dijo que las bases estaban "dirigidas y a medida" y, aunque evitó dar nombres, sí habló de que la "quiniela" estaba clara.
Y, efectivamente, así fue. Un mes después, el 5 de marzo, el portavoz municipal anunciaba que se había tomado ya una decisión y posteriormente se conocieron los nombres de los directores generales.
De los doce que finalmente se nombraron (eran 13 de inicio pero una plaza para San Pedro quedó vacante), diez estaban relacionados con los dos partidos en el gobierno (PP y OSP) ya que, o bien eran cargos de confianza, o lo habían sido, o tenían vínculos de algún tipo.
En los dos años de gobierno del tripartito, el PP se encargó de paralizar la puesta en marcha de un proceso para elegir directores generales al considerar que debían ser funcionarios con carácter obligatorio.
Al llegar al gobierno tras la moción de censura, el PP cambió el reglamento precisamente para que no fuera necesario nombrar a funcionarios, justo lo contrario de lo que había estado pidiendo antes.
De hecho, de los 12 cargos que se nombraron, solo dos (Carmen Díaz y Carmen Pallarés) son funcionarios.
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