El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga desestimó, en una sentencia de fecha 31 de octubre de 2023, el recurso presentado por el PSOE ante el retraso para recibir la documentación que había solicitado en torno a Codecosol.
Rechazó, por tanto, condenar al Ayuntamiento de Marbella por haber
ocultado durante diez meses los contratos con esta empresa de la trama sueca.
El Ministerio Fiscal, que ya en aquel momento se mostró a favor de la reclamación del PSOE, ahora vuelve a posicionarse en
esa misma línea tras la apelación de los socialistas.
En un escrito con fecha
11 de diciembre de 2023, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, la Fiscalía insiste en que "se vulneró el derecho fundamental del actor reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española".
Y añade que "la entrega al demandante de los documentos diez meses después de su solicitud, mediando unas elecciones municipales y una campaña electoral, evidencia que no existía
ningún impedimento para la entrega de los documentos en el momento solicitado sino una cuestión de
oportunidad política".
Con contundencia, añade que esta circunstancia "nada tiene que ver ni con la carencia de medios personales o materiales ni con el volumen de la documentación solicitada".
Por ello, no formula oposición al,recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por considerar que "la actuación administrativa
ha vulnerado el derecho del actor reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española".
Ese precepto consagra el derecho a la
participación política y, en este caso, el que tienen los concejales del PSOE de recibir la información solicitada.
La Fiscalía ya señaló en su día que la actuación del Ayuntamiento en este asunto impidió al solicitante "ejercer adecuadamente su
función de control político del Ayuntamiento".
También consideró, en contra de la opinión del equipo de gobierno, que "la documentación solicitada no era genérica ni indeterminada, sin que pueda escudarse el Ayuntamiento ni en el volumen de la documentación solicitada, ni en su
aparente desorganización".
"Más que una verdadera dificultad en la búsqueda de la documentación solicitada lo que se pone de manifiesto en la contestación a la demanda es la falta de voluntad del Ayuntamiento de facilitar a la oposición política documentos que puedan ser utilizados
en la contienda política, en fechas próximas a una campaña electoral", añadió.
Fue en
noviembre de 2022 cuando el PSOE solicitó tener acceso a los contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Codecosol.
No se los facilitaron hasta
septiembre de 2023, diez meses después y pasadas las elecciones municipales de mayo.
La Audiencia Nacional considera que, a través de Codecosol, familiares de la alcaldesa habrían
blanqueado dos millones de euros.
La empresa era uno de los patrocinadores del
coche de carreras de Cristian Broberg Muñoz, hijo de la regidora.
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