En la línea de las declaraciones públicas que hizo Muñoz el pasado miércoles, el abogado Salvador Guerrero Palomares, que lleva su defensa, otorga toda la responsabilidad de la presunta falsificación del acta del pleno de 29 julio de 2009 al alto funcionario.
Y, dado que falleció el pasado mes de febrero, sostiene el letrado que no es necesario seguir con este procedimiento judicial.
Así lo expone a través de un escrito al que ha tenido acceso
Marbella24horas, con fecha 28 de marzo de 2018, dirigido al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, desde donde se deben practicar nuevas diligencias por orden de la Audiencia de Málaga.
"Dado el fallecimiento de D. Javier Alberto de las Cuevas Torres, entiende esta parte que cabe decretar/mantener el archivo y sobreseimiento de la causa, siendo el finado el único al que cabría imputar el presunto delito de falsedad en documento oficial", señala el documento.
Y basa esta petición en una serie de alegaciones, todas encaminadas a señalar al funcionario municipal.
Sostiene la defensa de Muñoz que el vicesecretario es "a quien corresponde la redacción y custodia del acta del pleno, que es el encargado de dar fe de los acuerdos de dicho órgano y la única persona que, en su caso, pudiera haber cometido el delito".
Visto bueno
Por lo que respecta a Ángeles Muñoz, a la que la Audiencia Provincial señala como responsable de dar "el visto bueno" al acta, sus abogados sostienen que no se trata de una labor determinante.
"No implica supervisión, ni autorización del acta, ni mucho menos un deber de comprobar o fiscalizar su contenido, ni le hace responsable de posibles inexactitudes, omisiones o incluso falsedades que contenga la misma", explican al juzgado.
Para justificar esta afirmación recurren a distinta normativa como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales (ROF) y a jurisprudencia.
E insisten. "El visto bueno de un alcalde-presidente a una certificación o acta no le hace autor de una posible falsedad que se hubiere podido cometer en dicho documento".
La defensa concluye señalando que "habiéndose extinguido la responsabilidad penal del sr. vicesecretario por causa de fallecimiento y no existiendo elementos fácticos, legales ni jurisprudenciales para atribuir a nadie más responsabilidad por la presunta falsedad imprudente, procede de nuevo el archivo".
También consideran que no deben practicarse las diligencias acordadas, y cierran con una afirmación llamativa: "el acta del famoso pleno no se aprueba ni por el vicesecretario ni mucho menos por la alcaldesa, sino por el propio pleno en septiembre de 2009".
Hay que recordar que la Fiscalía formuló en 2016 denuncia por un presunto delito de falsedad documental contra la alcaldesa y el vicesecretario. La regidora no figura como imputada debido a su condición de aforada, pero sí está persona y tiene opción a defensa durante la instrucción.
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