"Cuando se reciben las invitaciones se cursan al concejal del ramo o al del distrito correspondiente, que en este caso eran la misma persona", ha señalado Muñoz, tras la presentación de la lista de su partido para el 24-M.
Era la primera vez que se pronunciaba, a preguntas de los periodistas, sobre este asunto y lo ha hecho para restarle importancia y considerarlo como algo "normal" aunque se tratara del negocio de uno de los herederos de Jesús Gil, sobre los que pesa sentencia del Supremo paga pagar el Ayuntamiento más de 100 millones.
"Hasta ahí podíamos llegar que yo tuviera que autorizar nada", ha dicho Muñoz, quien ha añadido que "cuando se abre un negocio es una práctica habitual que haya representación del Equipo de Gobierno".
En este caso, fue el concejal de Comercio, José Eduardo Díaz, el que acudió a la puesta de largo de la nueva oficina en Puerto Banús de la inmobiliaria Gilmar, acto en el que incluso participó en el corte de cinta.
Pese a que el gesto ha causado gran indignación en buena parte de la ciudadanía, la regidora explicó que el edil fue "en representación como un acto normal".
Y aprovechó para recordar su "trabajo para recuperar los bienes, no solo como Gobierno sino desde la oposición" y recordó que, como Partido Popular, se personaron como acusación en el Caso Saqueo I.
Las primeras explicaciones sobre este asunto las dio el pasado martes la concejala Francisca Caracuel, quien lo calificó como una "anécdota". Ahora, para la alcaldesa, entra dentro de la normalidad.
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