El acto, que tuvo lugar en Puerto Banús, donde se ha abierto una oficina de la inmobiliaria Gilmar, contó con una amplia presencia social y empresarial del municipio. Allí estuvo, por ejemplo, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Juan José González.
Pero, principalmente, la asistencia que más sorprendió, y que también ha levantado más indignación en distintos sectores de la ciudad, ha sido la del concejal José Eduardo Díaz, representando al Ayuntamiento, junto a otros miembros del Equipo de Gobierno.
No hay que olvidar que Jesús Gil Marín, junto a sus hermanos Miguel Ángel, Fernando Óscar y Maria Ángeles, como hijos y herederos del fallecido alcalde, deben devolver a las arcas municipales algo más de 105 millones de euros.
Así lo dictó en
2012 el Tribunal Supremo, en sentencia firme, tras la resolución del Tribunal de Cuentas que declaró el desvío injustificado de 66,5 millones de principal más los intereses de casi 40 millones.
Pese a los embargos de propiedades que reclamó el Consistorio y que celebró públicamente la
alcaldesa en abril de 2013, el dinero sigue sin llegar, con el proceso paralizado en recursos ante el Supremo.
Aún así, no se ha dudado desde el Ayuntamiento en respaldar la nueva oficina en Marbella de la inmobiliaria Gilmar y Díaz participó en el corte de cinta. Entre los asistentes, además, estuvo el empresario Lars Broberg, marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Se da la circunstancia de que la directora de la oficina es Setareh Mohregi, esposa del, también presente en el acto, concejal de Urbanismo, Pablo Moro, dato que facilita "Marbellaconfidencial", que se encuentra a la espera de juicio oral por un presunto delito de prevaricación.
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