El candidato de IU a la Alcaldía y concejal, Miguel Díaz, considera que “lo primordial es que cualquier vecino pueda pasear por las calles del municipio, más cuando se da la circunstancia de que muchos de los accesos a espacios públicos tan demandados como las playas o parajes naturales de montaña atraviesan por urbanizaciones privadas".
Por tanto, sostiene que poner una barrera o una garita para prohibir el paso "es injusto y vulnera un derecho básico como la libertad de tránsito, con la limitación de acceso a las personas lo que está haciendo la alcaldesa es privatizar los espacios públicos”.
Díaz considera que “hay que armonizar los derechos de todos los ciudadanos, pero nunca anteponiendo intereses particulares al interés general. Tampoco es válido el argumento de la mejora de la seguridad, ya que el reglamento no resolverá el problema de inseguridad de determinadas urbanizaciones, lo que va es a acabar de consolidar una ciudad incomunicada, en la que el Ayuntamiento obstaculiza la libre circulación de sus vecinos".
Además, pide a la alcaldesa que “se aclare sobre el modelo de ciudad que quiere, ya que un día nos dice que va a recepcionar las urbanizaciones haciéndolas públicas y al siguiente prepara un reglamento para instalar barreras e impedir el libre acceso a sus calles".
"Vuelve a quedar claro que los temores electorales llevan a Muñoz a gobernar con más arbitrariedad y desatino de lo habitual", añade.
Por su parte, el concejal-portavoz de IU, Enrique Monterroso, explica que "al Reglamento le falta rigor, se quiere justificar la acción privatizadora de los espacios públicos en un reglamento de tan sólo seis párrafos y ocho artículos. De hecho se da la paradoja de que es mayor el número de alegaciones que hemos presentado desde IU -un total de nueve- que el número de artículos del reglamento completo".
Monterroso también afirma que "el PP argumenta que hay jurisprudencia en favor de la instalación de barreras, pero omite que frente a las cuatro sentencias favorables que alude se documentan cientos de sentencias contrarias a estas instalaciones".
Entre los argumentos que especifica IU en sus alegaciones, destacan el cumplimiento de la ley de ordenación urbanística de Andalucía, que establece que hay que supeditar todos los derechos al interés general para conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, unos principios que claramente obstaculiza el Reglamento del PP.
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