Este digital ha tenido acceso a la Providencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, dictada por seis magistrados hace casi dos meses, concretamente el pasado 20 de septiembre.
En ella se acuerda la "inadmisión a trámite" del recurso de casación que había presentado la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Nasir Bin Abdullah and Sons S.L., la sociedad Puerto de Marbella S.A. y el Ayuntamiento de Marbella.
En un documento de dos folios, el Alto Tribunal considera que el asunto que se le plantea no es cuestión de casación e impone las costas al recurrente con el límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos de 500 euros a favor de la Junta de Andalucía, de 500 euros a favor de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y de 1.000 a favor de la parte representada por la procuradora doña Pilar Rico Cadenas.
De esta manera, la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en noviembre de 2017 en la que anulaba la licitación del proyecto que se hizo en 2011 es ya firme y deja definitivamente fuera al jeque Al-Thani.
Extracto de la providencia del Tribunal Supremo acordando la inadmisión.
Hay que recordar que, al adjudicarse el proyecto la UTE que formaban Al-Thani y el Ayuntamiento de Marbella, la otra opción que existía, que resultó perdedora, en la que estaban empresas locales como Grupo Alfil y Marinas del Mediterráneo, decidió recurrir.
Finalmente lograron que el TSJA, en la sentencia que ahora se hace firme, anulara la mesa de contratación y todos los actos posteriores, dándoles la razón y propinando un
severo varapalo al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Ángeles Muñoz.
El tribunal estableció de forma clara que el jeque, con la ayuda del Ayuntamiento, no cumplía los requisitos necesarios para participar en el concurso.
Según el fallo, Al-Thani no tenía suficientemente acreditada tanto la solvencia técnica como la económica. Al tratarse de una sociedad nueva, no tenía facturación de al menos tres años anteriores, ni tampoco experiencia en el objeto del concurso.
Estas carencias, se las cubría supuestamente el Ayuntamiento de Marbella al entrar a forma parte de la UTE, también con la sociedad del Puerto Deportivo de Marbella.
Pero el TSJA no lo dio por válido al estimar que la presencia municipal era solo del 3% y el Consistorio no tenía intención de invertir dinero en el proyecto.
Todo quedaba, por tanto, en manos de un "inversor extranjero sin solvencia acreditaba", según la sentencia, añadiendo que una administración no puede formar parte de un proceso de licitación si no es de un modo real y aportando medios.
La Junta de Andalucía decidió no recurrir la sentencia para no demorar más los plazos, pero el jeque sí lo hizo, haciendo que se haya perdido un año más para recuperar el proyecto.
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