La ley antidesahucios fue aprobada el 1 de octubre de 2013 y derogó una norma anterior sobre la materia que había sido aprobada en abril y que también fue impugnada por el Gobierno.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la suspensión cautelar no supone ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, algo que resolverá en próximas sesiones.
El Gobierno acordó, con un acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre, impugnar la normativa andaluza al entender que esta ley reproducía en esencia el contenido del decreto ley anterior, también recurrido.
El alto tribunal da un plazo de quince días a la Junta de Andalucía para que se persone en la causa y presente las alegaciones oportunas. También se da traslado, con el mismo fin, al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento andaluz.
Desde el Gobierno autonómico, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado que está preparando la solicitud de levantamiento de la suspensión cautelar y que, además, pedirá a los juzgados en los que haya procedimientos de ejecución hipotecaria que no lleven a cabo desahucios hasta que exista una decisión firme.
También ha señalado que el Tribunal Constitucional tiene un plazo máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que puede tardar años en decidir sobre el fondo.
Según ha informado, la suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que no se va a producir ninguna variación en la situación de la dos expropiaciones que ya se han realizado, en Huelva y Torremolinos. En marcha hay 37 expedientes más, uno de ellos en Marbella, y se preparaban otros 115.
Para los procesos pendientes, la consejera va a solicitar a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie de manera firme no se ejecute ningún desahucio de familias.
Cortés ha asegurado que esta impugnación por parte del Gobierno viene motivada porque "le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía" y ha alertado de que la suspensión cautelar da "campo libre a los especuladores" y que el Ejecutivo "ha vuelto a claudicar ante la banca".
En Marbella, el pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el procedimiento de expropiación temporal del uso de una vivienda en una de las torres de la plaza de Miraflores de Marbella.
El inmueble tiene una superficie construida de 95 metros cuadrados y está sometido a un procedimiento de ejecución hipotecaria por Banca Cívica.
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