El edil ha señalado que “no cabe más respuesta” que entregar toda la documentación que se está solicitando desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella para intentar aclarar lo que, todo apunta, sería un caso de enchufismo de personal afín al PP en los mandatos entre 2007 y 2015.
Bernal ha recordado que fue durante su etapa como alcalde cuando se denunciaron todas estas irregularidades y se puso el caso en manos de la Fiscalía, para que después el juez abriera diligencias en abril de 2017.
“Nosotros colaboramos al máximo con la Justicia hasta que se produjo la moción de censura”, ha recordado el concejal socialista, pero “parece que desde entonces no está siendo así”, porque el propio juez, en uno de sus autos, señala que se le ha enviado documentación “incompleta”.
“No queremos pensar que desde el Ayuntamiento se esté obstaculizando la investigación solo porque podría verse afectada la alcaldesa, Ángeles Muñoz”, ha señalado.
Bernal ha recordado que este asunto “tiene muy mala pinta para la regidora”, por lo que ha pedido al equipo de Gobierno que “cumpla con los requerimientos de la Justicia”, porque, de lo contrario, aumentaría las “sospechas” de que se podría haber cometido algún delito en la contratación de esos cargos de alta dirección.
De momento, el juez apreció de forma indiciaria que estaríamos ante casos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, dos delitos “muy graves para un servidor público”.
Por ello, considera “necesario” que este asunto se aclare y se “depuren todas las responsabilidades, como estamos seguros que va hacer tanto el fiscal como el juez”.
En defensa de la ciudadanía de Marbella, Bernal ha recordado que el PSOE está personado como acusación popular en esta causa, que está en manos del prestigioso abogado José Mariano Benítez de Lugo.
Por último, el concejal socialista recordó que, durante su etapa como alcalde, a requerimiento del juez, se envió un informe en el que se cifraba en más de 300.000 euros el daño patrimonial que se había causado el Ayuntamiento con la contratación irregular de este personal de alta dirección.
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