En una rueda de prensa convocada para informar sobre otros asuntos, al portavoz de Urbanismo del PP en la oposición, el edil Cristóbal Garre, le ha tocado dar explicaciones, o intentarlo, sobre este polémico asunto que estalló la semana pasada.
Sin datos y, como cabía esperar, negando la mayor, Garre se ha defendido, nada más preguntarle los periodistas, diciendo que "todo es rotundamente falso, es otra de las falsedades del actual Equipo de Gobierno, no es cierto lo que están contando".
Y también enseguida cargó contra Jaime Olcina, abogado del PSOE que fue quien llevó ante la justicia a los concejales Antonio Espada y Pablo Moro, ambos imputados en dos causas que les apartaron de las listas en las pasadas elecciones y por las que aún tienen que responder.
"Ya sabemos la tarea que tenía el señor Olcina dentro de la delegación de Urbanismo, que era la de revisar este tipo de cosas para ver qué podía sacar", ha dicho, como si fuera algo negativo ejercer esta labor de control sobre la gestión del anterior gobierno local.
Lejos de dar alguna explicación sobre las multas, continuó atacando al letrado socialista, persona non grata obviamente para el PP. "Lleva mucho tiempo, cien días, en Urbanismo revisando papeles y atentando contra la Ley de Protección de Datos para sacar ciertas noticias para los periódicos", añadió.
Garre, llegado a este punto, decidió pasar al ataque. "Yo les reto a que nos muestren cuáles son los expedientes, así lo hemos pedido a través de un escrito donde solicitamos copia de todo para verificar lo que están haciendo", dijo.
"Estamos acostumbrados durante los primeros cien días a que, más que a gestionar, se dediquen a buscar trapos sucios y mostrar cosas con el engaño y con la mentira, porque nada se sostiene después de tres días", insistió.
Y Garre, que lleva poco más de cuatro meses como concejal del PP, dio un paso más. "Desde luego, mis manos las pongo en el fuego por el anterior Equipo de Gobierno", dijo.
Ya en la parte final de la rueda de prensa, se le recordó los problemas que tiene con la justicia el anterior concejal de Urbanismo, Pablo Moro, por el llamado caso "Funky Buddha", que simplificó en que "es una demanda del señor Olcina, del servicio jurídico del PSOE, al que a su vez han metido en Urbanismo para que revise todo este tipo de cosas pero no lo dan de alta y tendrán que dar muchas explicaciones".
Y concluyó poniendo también las manos en el fuego por "todos los fucionarios que están trabajando en Urbanismo, que me extrañaría que escondieran ese tipo de expedientes para que no se diera curso".
Esta última frase tiene un alto contenido demagógico, ya que lo que ha denunciado el Equipo de Gobierno es que los expedientes con las sanciones llegaban hasta el despacho del concejal, donde no se firmaban y se frenaba el proceso, en algunos casos.
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