Pese a la postura del Partido Popular de Marbella, y de su presidenta, Ángeles Muñoz, quien con vehemencia
había declarado que su partido estaba a favor de este asunto, la realidad en el Congreso de los Diputados ha sido la contraria.
“Trabajaremos con el Gobierno para que esas cantidades puedan volver a Marbella”, dijo Muñoz el pasado 26 de agosto, aunque ahora su partido ha rechazado en la Comisión de Presupuestos que el dinero expoliado regrese al municipio.
El dictamen aprobado con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 incorpora un centenar de enmiendas, las presentadas por el Grupo Popular y otra acordada por todos los grupos por la que se refuerza el programa de reasentamiento de refugiados con 200 millones de euros.
El resto se ha rechazado, entre ellas la que había planteado el PSOE y que pedía el "restablecimiento a la ciudad de Marbella de la totalidad de lo incautado y de las sentencias económicas del caso Malaya y del resto de procesos judiciales relacionados con los gobiernosmunicipales de la ciudad desde 1991 a 2006".
Le pedían al Gobierno que promoviera durante 2016 "los procedimientos oportunos" para que este dinero se destinara a "restituir el daño patrimonial que se ocasionó en la ciudad".
"Con la restitución patrimonial prevista en esta disposición adicional, se pondrá en marcha un plan de extraordinario de empleo e inversiones en infraestructuras, por la cuantía, al menos, de las cantidades recuperadas, dirigido a atender los efectos en la ciudad de Marbella de la crisis económica y los altos niveles de desempleo", decían la enmienda socialista.
La respuesta del PP ha sido rechazarla, una decisión que ahora tendrán que explicar los dirigentes del partido en Marbella.
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