Un día ha tardado el PP en responder a las acusaciones sobre el proceso de selección para entregar 50 becas a licenciados universitarios de Marbella, que arrancó a finales de 2014 y debía estar en marcha en enero de este año.
En una nota de prensa, con declaraciones de nuevo del concejal y parlamentario, Félix Romero, no ofrecen ninguna explicación sobre el retraso que generaron cuando estaban en el gobierno y utilizan, de nuevo, frases hechas para dar una explicación a sus incondicionales.
En ausencia de la portavoz, Ángeles Muñoz, desaparecida en cuanto a declaraciones públicas en las últimas semanas, Romero ha dicho que la caducidad del proceso, explicada este miércoles por el Equipo de Gobierno, es una "mera excusa".
El edil del PP ha recordado que hubo una adjudicación provisional, lo cual es cierto, y que, por tanto, se "han generado expectativas de derechos". Lo que no ha explicado es por qué no se hizo la selección definitiva y se pudo el programa de becas en marcha durante tantos meses.
Romero ha señalado que hubo una reunión con los técnicos del Ayuntamiento, previa a la caducidad del procedimiento, el 5 de julio, en la que concluyeron que se podía resolver con posterioridad a los seis meses. Este aspecto se contradice con el informe jurídico del que informó el alcalde, que sostiene lo contrario.
“Precisamente cuando se celebraron las elecciones -ha explicado Romero- y supimos que podía haber un cambio de gobierno, se decidió por responsabilidad y respeto dejar que la corporación entrante canalizara y decidiera respecto a la incorporación de los universitarios a los respectivos servicios municipales”, ha dicho.
El problema es que las elecciones tuvieron lugar el 24 de mayo y que para entonces ya debía estar el programa en marcha. Al menos así se anunció cuando se presentó, momento en el que se puso como fecha el mes de enero. Se puede entender algún retraso pero no el de cinco meses, que no ha explicado.
El también parlamentario andaluz ha señalado que la retirada de las becas responde más a la “falta de voluntad política que a que exista impedimento jurídico alguno” y ha recordado que la administración “tiene la obligación de resolver este procedimiento, como todos, pero especialmente cuando ha habido, como es el caso, concurrencia competitiva”.
El edil ha recordado que la comisión que se encargó de adjudicar las becas de los 50 universitarios estaba constituida por tres técnicos, ningún político, de nivel superior, del Ayuntamiento y que fueron los encargados de baremar y otorgar provisionalmente las mismas.
Como ya informó el miércoles el Equipo de Gobierno, las becas han caducado, pero se convocarán de nuevo con la misma partida presupuestaria, 300.000 euros, y solo una ligera modificación en las bases para adaptarlas a las necesidades del Ayuntamiento.
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