Como era de esperar, en el PP no van a asumir ninguna responsabilidad por un fallo judicial que, efectivamente, no va a tener repercusión en la práctica, pero que sí supone otro revés en el ámbito político para la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
La sentencia que se conoció el pasado viernes no es firme y, por tanto, no se aplicará de forma inmediata. El Ayuntamiento tiene un mes para presentación casación ante el Tribunal Supremo, algo que no tiene muy claro de momento.
Según Romero, los servicios jurídicos municipales se encuentran estudiando la situación y por ahora no se ha tomado ninguna decisión.
Si no se presentara recurso, como indica el propio TSJA se volvería al texto refundido del PGOU de 1986 que se aprobó en abril de 2017. Si finalmente el caso llega al Supremo, habría que esperar la resolución del Alto Tribunal.
Sin consecuencias
Mientras tanto, el portavoz municipal ha señalado esta mañana que la sentencia "no va a tener consecuencias en el funcionamiento cotidiano", y ha insistido en que "el impacto en la práctica es nulo".
Y ha intentado lanzar una mensaje de tranquilidad. "No nos preocupa la repercusión que pueda haber, existe mucha seguridad jurídica para invertir en Marbella", ha explicado.
A pesar de que el TSJA dice de forma clara que la aprobación del refundido "no se acomoda a ningún procedimiento legal", es decir, que la hicieron cómo les dio la gana, Romero ha echado balones fuera.
"Requería un formulismo que no ha sido planteado de forma caprichosa sino tras un
informe jurídico de 70 páginas", ha dicho, pero no ha sido capaz de precisar quién lo firmó, ya que ha sido rechazado de plano por el tribunal.
Según el portavoz municipal, la sentencia solo se refiere a una "cuestión formal", al procedimiento que se siguió, y no entra a pronunciarse sobre la normativa, que "no es nueva", sino que figura en el PGOU de 1986.
"Las normas que se recogen en el texto refundido siguen en vigor", ha insistido, y ha recordado que la interpretación que hacen desde el Consistorio es que "no se llevó adelante la enmienda que se había introducido", en referencia a la exposición pública.
"Los servicios jurídicos nos dicen que no es que el trámite no fuera correcto, sno que habría que haber anulado primero ese acuerdo anterior", ha detallado.
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