De una manera muy extraña, con sigilo, sin debate ni dar explicaciones ante el Pleno. Así ha sacado adelante este viernes el equipo de gobiernos los nuevos documentos que regulan la relación con los trabajadores municipales.
Las formas llaman la atención, ya que son dos textos que afectan a
3.500 empleados y que no se actualizaban desde 2004.
Pero ni la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, ni el concejal de Recursos Humanos,
José Eduardo Díaz, han querido lucir el logro, en una actitud un tanto extraña.
Ha sido uno de los puntos del orden del día del pleno ordinario de febrero, que ha sido telemático, y en el que se ha ido
directamente a la votación.
Los 14 votos del PP han servido para sacar adelante ambos documentos, aunque también han contado con el apoyo de la concejala de Cs, mientras que PSOE y OSP
se han abstenido.
Fue en el
pleno de octubre de 2020 cuando el equipo de gobierno, entonces sin el apoyo de ningún partido de la oposición, aprobó
denunciar ambos documentos, paso previo para volverlos a negociar.
Desde entonces, había un plazo de un año para acordar los nuevos convenios, aunque la negociación se ha realizado el tiempo récord.
En apenas
tres meses, con las navidades de por medio, el equipo de gobierno se puso de acuerdo a finales de enero con la
comisión negociadora, formada por los sindicatos CCOO, Stal, Sipan, UT, UGT, Csif y Uepal.
El convenio laboral y el acuerdo socioeconómico fueron aprobados por mayoría en el
Comité de Empresa y por unanimidad en la
Junta de Personal.
Solo dos sindicatos se han opuesto, Sepma y CGT. No se ha podido celebrar una
Asamblea de Trabajadores por la pandemia para debatir lo acordado.
Los dos documentos, que databan de 2004, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación en el pleno y tendrán efectos desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024.
El punto de mayor fricción en el convenio colectivo era la
Disposición Final 15 sobre “Garantía de Empleo”, que deja en manos del trabajador la opción de readmisión o indemnización ante un despido improcedente y que el PP quería eliminar.
Al final, se ha establecido una especie de periodo de carencia de dos años, más otros prorrogable, y después continuará igual.
La
nueva redacción queda de la siguiente forma:
"El personal laboral cuya relación de servicio con el Ayuntamiento, documentada o no, sea anterior a la entrada en vigor del presente convenio, o se derive de los procesos selectivos previos en la OEP objeto de aprobación, tendrán derecho, en el caso de despido improcedente, a elegir entre la indemnización legal o readmisión.
La presenta cláusula mantendrá su vigencia durante un periodo de dos años. Tres meses antes de la finalización de este plazo, la mesa negociadora del convenio estudiará y motivará la prórroga por un año más, al término del cual, la opción entre la readmisión y la indemnización corresponderá, en todos los casos, al trabajador".
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