Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del tripartito, Javier Porcuna, una vez que ha recibido el informe, que llevaban tiempo esperando, por parte de uno de los bufetes externos que tiene contratados el Ayuntamiento desde la época del PP, Gaona Abogados.
En dicho escrito, los letrados consideran que se podría haber producido un delito de prevaricación al no firmarse los decretos a nivel político e impedir así que los procesos sancionadores siguieran su curso.
Como ya denunció el actual gobierno local en el
pasado mes de octubre, el PP había dejado sin cobrar 9.087.387 millones de euros en multas urbanísticas entre los años 2009 y 2011.
Ahora se considera que se habría cometido un delito y por ello se da traslado de toda la documentación a la Fiscalía para que proceda a investigar estos hechos, sucedidos durante el mandato como alcaldesa de Ángeles Muñoz.
El informe jurídico sostiene también que, con la nueva legislación aprobada hace un año (1-7-2015), también se podría hablar de malversación de caudales públicos, aunque este delito lógicamente no es aplicable a estos hechos, que son anteriores.
Además, el tripartito detectó que, a partir de 2011, había otros 985 procedimientos infractores más cuya parte sancionadora tampoco se había puesto en marcha y que se están estudiando aún.
Según Porcuna, se ha analizado en torno al 15% de ellos y la conclusión es que solo siete expedientes se podrían continuar, mientras que el resto de ese porcentaje están caducados. De todas formas, ha dicho que habrá que esperar a que termine toda la revisión para saber las cifras exactas, que se añadirían a las que ya van hacia la Fiscalía.
Daño grave
El portavoz municipal señaló que la Junta de Gobierno Local "ha determinado que se dé traslado del expediente y de este informe jurídico a la Fiscalía, para que tome las medidas oportunas".
A nivel político, destacó la gravedad de los hechos ya que "se habría producido un daño muy grande a las arcas municipales". Hay que recordar que a la cantidad inicial de más de 9 millones de euros se sumarían los que hayan caducado entre los que se están revisando todavía.
Porcuna añadió que "si estos hechos se hubiesen producido hoy en día, además de prevaricación podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos porque la legislación se ha endurecido".
También señaló que el informe de Gaona Abogados determina que no se puede seguir adelante con el caso Funky Buddha en lo que se refiere al procesamiento del que fue concejal de Urbanismo del PP, Pablo Moro, tras su fallecimiento.
Otros acuerdos
Además, también en materia urbanística, se ha aprobado esta mañana de forma provisional el Plan Parcial del Arroyo Palomares, un expediente que recibió luz verde en el Pleno anterior a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y que, por tanto, había quedado paralizado.
“En poco más de seis meses la delegación de Urbanismo ha conseguido con un gran trabajo sacar adelante este plan parcial”, ha destacado Porcuna, quien también ha anunciado la derogación del artículo 14 del Reglamento Regulador de los Aprovechamientos Urbanísticos.
“Con la derogación de este artículo vamos a conseguir agilizar los procedimientos urbanísticos en lo que se refiere a la modificación de datos y obtención de los mismos”, ha detallado el concejal.
Por último, ha adelantado que la inversión urbanística en la ciudad en lo que va de año asciende ya a 14,4 millones de euros con la aprobación de una nueva licencia de una vivienda unifamiliar en la zona de Elviria, presupuestada en 650.000 euros.
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